Nuevo frente de conflicto institucional en Venezuela tras comicios regionales

Venezuela está a las puertas de un nuevo repunte del conflicto institucional tras las elecciones regionales del domingo. La Asamblea Constituyente exige que los gobernadores electos juren ante el pleno, pero los antichavistas dicen que lo harán ante la concejalía regional.

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CARACAS (Reuters). El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 17 de las 23 gobernaciones en disputa con la oposición, y ésta consiguió victoria en 5 estados. 

Aún falta por conocer los resultados de una jefatura regional, Bolívar, la de mayor caudal electoral. 

Los candidatos opositores que resultaron electos podrían terminar como el Parlamento, cuyo poder fue anulado por la justicia (acusada de servir al chavismo) si no juran –como advirtió el presidente Nicolás Maduro– ante el pleno de la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente chavistas. 

El jefe de campaña de la alianza opositora, Gerardo Blyde, aclaró que los candidatos ganadores de sus filas no tomarán juramento ante la ANC sino que lo harían ante el legislativo regional de sus estados, como establece la Constitución; abriendo un nuevo frente de conflicto institucional en la convulsionada Venezuela. 

El CNE no incluyó la renovación de los concejales en esta convocatoria. Sus mandatos están vencidos. 

La coalición opositora desconoció los resultados del domingo, que contradijeron a los últimos sondeos que daban la ventaja. 

Además, denunció al chavismo por “ventajismo” y exigió una auditoría cualitativa y cuantitativa de los resultados. 

El PSUV asegura que fue una elección limpia, pero por las restricciones legales locales no hubo observadores internacionales ni permitieron a la prensa ingresar a los centros de conteo de votos. 

Después de una controvertida votación para elegir a la ANC, Smartmatic, la compañía que brindó la plataforma para el voto, dijo que los resultados fueron manipulados, pero el gobierno lo negó. Este domingo una empresa argentina fue la que prestó el servicio, según el CNE. 

Durante las protestas de abril a junio –con saldo de unos 120 muertos– el logro más claro de la oposición fue alinear a la comunidad internacional con su reclamo de democracia y exigir sanciones para debilitar el financiamiento de lo que llaman una “cúpula corrupta”. 

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