WASHINGTON (EFE). El estudio fue encargado a la Organización de Estados Americanos (OEA) por los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado ayer en Bogotá por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, que lo presentará el lunes.
“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”, señaló el informe, que recomienda avanzar hasta ese modelo mediante métodos transicionales, como los tribunales de drogas, “la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”.
Los tribunales de drogas, que existen en EE.UU. y comienzan a implantarse en México y Chile, promueven la sustitución de las penas de cárcel por un tratamiento controlado para el adicto, que según el documento “es un enfermo crónico que no debe ser castigado”.
“Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque (de salud pública) y solo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”, agregó el análisis que encabeza el informe.
La OEA subrayó que los planteamientos del informe “no constituyen una conclusión, sino el inicio de un debate largamente esperado”, cuyas conclusiones definitivas corresponden a los destinatarios del informe, es decir, los gobiernos del continente.
Por tanto, las reflexiones que cierran el informe pretenden servir como base de un debate que comenzará en la Asamblea General de la OEA a principios de junio en Guatemala.
Si bien el estudio aboga por la despenalización del consumo para no tratar al adicto como delincuente, es más cauto en cuanto a la legalización de la producción y el tráfico de las sustancias.
“Corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”, apuntó el documento, que deberá ser analizado por los gobiernos.