/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/XEXLOWE67JCPXDH2WHAZ4QBJIA.jpg)
Cargando...
GINEBRA (AFP). “El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados, sino una política de Estado”, señaló un informe publicado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizaron 157 muertos durante esas manifestaciones, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Según informes del Ministerio Público venezolano, 124 personas murieron durante el mismo periodo, recuerda el texto.
La ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que analice las medidas para evitar que se agrave la situación.
Entre abril y finales de julio, Venezuela vivió una ola de protestas contra el régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro.
Según la investigación de la ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron a manos de las “fuerzas de seguridad” y 27 fueron manifestantes abatidos por los grupos armados progubernamentales conocidos como “colectivos”.
“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número”, aseguró.
Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público.
Los redactores del documento informaron que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio.
“En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos” así como diversos tratamientos de tortura, añadió Hussein.
El documenta denuncia el recurso a “descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual”.
“Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades”.