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CARACAS (Reuters). El gobierno de Maduro, cuyo principal sostén son los militares, considera “ilegal” el plebiscito, por no tener aval del poder electoral, acusado de oficialista; y reafirmó que la convocatoria del próximo 30 de julio no se cancelará.
La consulta del domingo, además de rechazar la propuesta de Maduro de reescribir la carta magna, los votantes dijeron “Sí” a la intervención de las Fuerzas Armadas para “hacer cumplir la Constitución” y a la renovación de los poderes públicos.
Pero analistas creen poco probable que se cancelen las elecciones para elegir a los redactores de la nueva Constitución.
La coalición opositora, como primera medida, convocó a un paro cívico de 24 horas este jueves.
Además, anunció la posibilidad de volver a la mesa de diálogo si el gobernante cancela la convocatoria a Constituyente.
La oposición lleva casi dos años presionando por la salida del gobernante, que sucedió en el cargo al fallecido Hugo Chávez.
El mandato de Maduro termina a inicios de 2019, pero la coalición opositora lo culpa de la crisis que atraviesa el país, con una inflación de tres dígitos y escasez de alimentos y medicamentos.
Gobiernos como Estados Unidos, México y varios miembros de la Comunidad Europea saludaron la consulta y pidieron al chavismo aceptar la voz del pueblo venezolano.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, confirmó que, según el total de actas escrutadas, unos 7,6 millones de venezolanos votaron en el plebiscito del domingo.
El diario Financial Times aseguró que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, busca el apoyo de Cuba –el principal aliado de Maduro– para una iniciativa diplomática regional que ayude a aliviar la crisis en Venezuela. Aunque la cancillería colombiana desmintió el hecho.
Tras divulgarse los resultados, el ala radical del chavismo trató de restarle méritos a la consulta popular, pese a que movilizaron 100.000 personas más que las que votaron por Maduro en las presidenciales del 2013.
Aseguraron que se infló sus números de participación, aprovechando que ninguna institución estatal supervisó.