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RÍO DE JANEIRO (AFP). La huelga, contra el aumento de los precios del diésel, impactó en todos los sectores de la mayor economía de América Latina como: provisionamiento de combustibles y alimentos, traslado de medicamentos para hospitales y de raciones para las explotaciones agroganaderas y los criaderos.
Al menos cinco aeropuertos cancelaron vuelos en el inicio de esta semana. En São Paulo, capital económica del país, la flota de autobuses funcionaba al 70% de su capacidad y en Río al 45%.
La Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB) estimó que dejaron de exportar productos por US$ 1.000 millones.
En las gasolineras donde llegaba combustible, se formaban kilométricas filas.
El presidente Michel Temer anunció una reducción de 46 centavos de real por litro de diésel durante 60 días, junto a otras medidas que dieron satisfacción a la mayoría de las centrales gremiales. Pero eso no bastó para acabar con el paro.
Para completar el cuadro, la Federación Única de Petroleros (FUP) convocó a un paro de 72 horas desde hoy, exigiendo la reducción de los precios del gas de cocina y de los combustibles.
“El gobierno mostró capacidades limitadas de reacción, lo que fortaleció las demandas que serán fatalmente satisfechas, en detrimento de la sociedad”, afirmó Carlos Pereira, analista de la Fundación Getúlio Vargas.
“Infiltrados”
“A partir de ahora, es un movimiento de radicalización anárquica que entendemos no prosperará”, dijo el secretario general de la Presidencia, Carlos Marun, al referirse sobre a los bloqueos. Por su parte, el jefe de Gabinete de Temer, Eliseu Padilha, denunció la presencia “infiltrados” en el movimiento con “objetivos esencialmente políticos”.