Si Cataluña tiene comicios se frenaría la intervención

MADRID (AFP). Una fuente del Gobierno español confirmó que no invocarían el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de un gobierno autonómico si este desobedece la ley, si Puigdemont toma ese paso. 

“La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones”, dijo por su parte el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta al órdago independentista catalán.

Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: “sin duda”.

Hoy vence el plazo definitivo para que Puigdemont aclare al gobierno central de España si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán realizada la semana pasada, donde pareció declarar la “independencia” para pedir luego a ese colegiado regional que la “suspenda”, para poder “negociar” con Madrid.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, le lanzó un aviso ayer en el Congreso: no atender el requerimiento del gobierno español “hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155” de la Constitución.

“Actúe con sensatez”, le pidió Rajoy.

Pero Marta Pascal, la coordinadora del partido de Puigdemont, el PDCat (conservador e independentista), dijo que si se activa el 155 “le pediremos al presidente que levante la suspensión” de la declaración de independencia, poniendo presión sobre el jefe del Ejecutivo catalán.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.

Una intervención llevaría también a convocar elecciones regionales.