Un año de “paz” entre avances y desconfianza

El acuerdo de paz de Colombia cumple hoy un año, 365 días en los que el país ha visto cómo cerca de 7.000 guerrilleros dejaban las armas y se adentraban en el complejo proceso de reintegración a una sociedad que les ve con escepticismo y desconfianza. El Gobierno asegura que, pese a las dificultades, el posconflicto avanza.

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BOGOTÁ (EFE). La firma de la paz no supuso directamente el fin del conflicto en las áreas más periféricas donde la producción de cocaína fue desde hace años el combustible de la violencia. 

En esas zonas, la paz sigue siendo un sueño lejano en que las balas, lejos de callarse, suenan con más estrépito que nunca. 

La antigua guerrilla, ahora convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reclama incumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno, que a su vez argumenta que, pese a las dificultades, el posconflicto avanza. 

La implementación de la paz, a pesar de las dificultades naturales y del escepticismo de parte de los colombianos, “marcha en la dirección correcta”, aunque “algunos querían dar el acta de defunción en el primer año”, dijo el presidente Juan Manuel Santos. 

Reintegración

En su camino de reintegración los exguerrilleros deben superar las muestras de escepticismo y desconfianza de la sociedad, esos resquemores que los sumen en la idea de un futuro incierto.

El 55% de los “exrebeldes” ya se marchó de los denominados “pueblos de paz”. Su salida supone un síntoma y un problema debido a que el Gobierno colombiano no tenía un plan pulido para reintegrar a casi 7.000 hombres y mujeres que vivieron aislados de la sociedad durante décadas, desconectados de la vida moderna, sin teléfono celular, tarjeta de crédito o supermercado.

Además, los guerrilleros desmovilizados, muchos de ellos sin más manejo que el de las armas y acostumbrados a mover grandes sumas de dinero producto del narcotráfico, están expuestos a la tentación de sumarse a bandas criminales que les han ofrecido altas cantidades para que ingresen a sus filas, como el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se dedica al narcotráfico en la frontera con Venezuela. 

Un informe divulgado por la Fundación Paz y Reconciliación y otras organizaciones sociales con motivo del primer aniversario del acuerdo advirtió de que el posconflicto colombiano “está en riesgo” por la violencia y las demoras en su implementación, así como por el crecimiento de los disidentes.

Otro elemento polémico del acuerdo es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que incluye un mecanismo para juzgar a todos los involucrados en el conflicto.

La Corte Constitucional de Colombia declaró ajustada a la ley la JEP que se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado. Pero, a pesar de la insistencia del Gobierno de Santos, la Cámara de Diputados aún no aprobó la ley estatutaria que reglamenta a la JEP, que ya tiene el aval del Senado.

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