/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/V27KQR6FWNGPZCOV7SVYJ4UABE.jpg)
Cargando...
La Contraloría General, la Procuraduría y la Asesoría Jurídica de Puertos recomendaron la rescisión del contrato firmado el 24 de enero de 2013, por el entonces presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP, Fernando Nicora López Moreira, actual diputado liberal y Nabil Banjat Nasser, por Suisse Investiment.
Los dictámenes que aseguran que el acuerdo fue ilegal ya están agregados a la carpeta penal a cargo del fiscal Martín Cabrera.
El inmueble, objeto del contrato, tiene una superficie de 12.886 m2 y supuestamente es propiedad de la ANNP. Sin embargo, según las averiguaciones, el inmueble es de Aduanas y allí funciona la zona primaria de la institución.
Es decir, Nicora alquiló una propiedad que no es de Puertos sino de Aduanas.
En el terreno, la empresa se comprometió a construir un área habitacional para funcionarios de Puertos. En la otra porción del inmueble, un shopping exclusivo para centro comercial. La inversión prevista era de US$ 55 millones 500 mil.
La empresa se comprometió a pagar G. 30 millones mensuales, IVA incluido, por tres o cinco años, periodo previsto para la conclusión de las obras, y G. 280 millones al mes, hasta la vigencia del contrato.
La Contraloría, Procuraduría y la asesoría jurídica de Puertos, luego de analizar el documento, concluyeron que la locación es totalmente ilegal, por lo que se fortalece la comisión de delito que salpica a los involucrados, entre ellos el expresidente de Puertos Nicora López Moreira y los representantes de Suisse Investment Corp.
Según la denuncia, que hace referencia a un feroz negociado, estarían igualmente implicados el expresidente de la República Federico Franco, el exministro de Obras Públicas Salyn Burzarquis, entre otros.
La semana pasada, el fiscal Cabrera recibió un informe de Puertos, que señala que la asesoría jurídica de la institución recomienda a los miembros del Consejo analizar y rescindir el contrato de locación por ilegal.
Con base en los dictámenes, en el Ministerio Público analizan los posibles hechos punibles que se pueden atribuir a los involucrados.