Acusado busca fiscal a medida en caso armas

El acusado por violación de la ley de armas y asociación criminal, Carlos León Ocampos, recusó ante la Sala Penal de la Corte al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a los fiscales Lorena Ledesma y Carlos Alcaraz. Con respecto a los dos últimos, alega falta de objetividad y arbitrariedad en su requerimiento ante la justicia, al solicitar juicio oral y público por los hechos señalados más arriba.

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León, que con esta maniobra, busca un fiscal a su “medida”, debió recusar a los fiscales inferiores ante Díaz Verón, como titular del Ministerio Público. Sin embargo, equivocadamente lo hizo ante la Corte.

Ledesma y Alcaraz, en su acusación, señalaron que el 9 de marzo de 2016 se realizó un allanamiento en una casa que es propiedad de León, ubicada en el barrio Villa Aurelia de Asunción. En el domicilio, se encontró el mayor arsenal clandestino de la historia del país.

Líder de banda criminal

Mediante datos e informaciones procesados durante la investigación, la fiscalía sindica a Carlos León como líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas de uso militar o prohibidas por las leyes vigentes, específicamente a grupos o facciones criminales del Brasil conjuntamente con Víctor Ferreira, Eduardo Ramírez y Alfredo Sánchez, quienes eran los encargados de cobrar por las armas vendidas y enviar armas de grueso calibre a la frontera utilizando servicios del transporte público.

León es conocido proveedor de armas del Estado.

Una investigación realizada por nuestro diario permitió corroborar su implicancia en el sonado caso de la venta de armas y municiones importadas a nombre de la Corte Suprema, que se dieron a particulares. El intento de blanqueamiento de esta causa incluso le valió un apercibimiento del Jurado de Enjuiciamiento al fiscal Federico Delfino.

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