Acusados por narcotráfico maniobran en los Poderes Judicial y Legislativo

De aprobarse la ley que prohíbe la extradición de los connacionales o naturalizados, Paraguay se convertirá en la base de operaciones del crimen organizado. Esto se discutió ayer durante una reunión de una comisión de la fiscalía conformada para emitir dictámenes sobre proyectos de leyes, a pedido de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara de Senadores.

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Uno de los proyectos controvertidos es el que había sido presentado por el diputado José López Chávez.

Este proyecto ya fue rechazado por la Cámara de Senadores.

Actualmente, está en la comisión de legislación de la Cámara de Diputados.

No obstante, la fiscalía sigue preocupada por este tema debido a que se están dando coincidencias específicas.

En ese contexto, se recordó que los procesados por narcotráfico Jarvis Pavão y Carlos “Capilo” Caballero juegan su defensa procesal no solo en el Poder Judicial, sino también en el Legislativo.

Por una parte, se busca la extinción de la causa en sede judicial, y, por la otra, evitar la extradición al Brasil, país donde son requeridos por tráfico de drogas. La pena es mayor en el país vecino.

El juicio oral para ambos que se debía iniciar el pasado lunes se postergó debido a que los miembros del Tribunal de Sentencia fueron recusados por la defensa de Pavão.

El objetivo es dilatar el juicio hasta diciembre, mes en el cual se extingue la causa.

Si se logra que el Parlamento apruebe esa ley, una vez que se extinga la causa, ambos quedarán libres en nuestro país.

Paralelamente, la fiscalía busca la condena de ambos por posesión de armas y tráfico de drogas en nuestro país.

El objetivo es que sean condenados y se someta a comiso la estancia de Pavão, que se denomina “Cuatro Filhos”, ubicada en Yby Yaú.

Luego, una vez cumplida la condena, se pretende extraditar a ambos al Brasil.

Esta comisión se reúne en la sede de la unidad antidrogas y tiene como integrantes a los fiscales adjuntos Marco Antonio Alcaraz (antinarcóticos) y Carlos Arregui (Delitos Económicos y Anticorrupción).

Además, la integran los fiscales René Fernández (Delitos Económicos) y Gilda Villalba (Antidrogas).
Otros integrantes son Patricia Doria, directora de Delitos Económicos; Cecilia Ocampos, directora de Investigación del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, y Francisco Cabrera, relator de la unidad antidrogas.

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