Cámara rechaza recusación contra tribunal en caso liberación de preso

La Cámara de Apelaciones rechazó la recusación contra un tribunal de sentencia, que promovió el exrelator Francisco Javier Martínez, procesado junto al abogado José Daniel Zorrilla por la liberación de un narcotraficante mediante una resolución falsa. El caso ya reveló un esquema judicial para favorecer a narcos.

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Los camaristas José Waldir Servín, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias rechazaron la recusación que promovió Martínez contra el tribunal de sentencia que le juzga junto al abogado Zorrilla, por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, liberación de presos y artículo 41 de la Ley 1881/02, tráfico de drogas.

Martínez recusó el martes pasado a los miembros del tribunal de sentencia Eva de Witte, Elsa García y Arnaldo Fleitas, porque solamente le concedieron 24 horas para que su nuevo abogado Jorge Barrios, quien asumió ese día, se interiorice del contenido del expediente.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones argumentó que el plazo que otorga el tribunal de sentencia es una facultad del mismo.

El artículo 106 del Código Procesal Penal, sobre la “renuncia y abandono” menciona textualmente: “cuando el abandono ocurra poco antes o durante el juicio se podrá aplazar su comienzo o suspender la audiencia ya iniciada, por un plazo no mayor de tres días si lo solicita el nuevo defensor”.

Al otorgar el tribunal de sentencia 24 horas a la defensa para que se interiorice del expediente, el colegiado obró dentro de lo que manda el ordenamiento jurídico, sostienen los camaristas para rechazar la recusación contra los jueces.

Según la acusación del fiscal René Fernández, la resolución falsa para liberar de la penitenciaría de Tacumbú al narco Damián Delvalle fue elaborada por el exrelator del camarista Delio Vera Navarro.

Martínez negó que haya falseado la resolución judicial. Agregó que los votos contenidos en la resolución apócrifa eran los votos reales y favorables de Vera Navarro y José Agustín Fernández. El abogado Zorrilla fue quien llevó la resolución hasta el penal.

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