La agente de la Unidad de Delitos Económicos citó a Aseretto para el jueves 13 de junio, a fin de comunicarle que Julia Beatriz Vargas, la compradora ilegal del inmueble e imputada como cómplice de lesión de confianza, ofreció oficialmente la devolución del bien que adquirió por. G. 1.250.000.000.
Por esa misma suma, el Indi compró hace 16 años el inmueble para los nativos, y de acuerdo al el artículo 64 de la Constitución Nacional, está prohibida expresamente la venta de tierras destinadas a los indígenas.
“Hay un ofrecimiento oficial, por escrito, de devolución, pero el Ministerio Público no puede disponer esto sin la aceptación del perjudicado, en este caso el Indi”, explicó la fiscala Delvalle.
Vargas pretende zafarse de su proceso, debido a que el artículo 25, numeral 10, del Código Procesal Penal establece que una causa puede extinguirse por la reparación integral del daño particular o social causado, en los hechos punibles contra los bienes de las personas o culposos.
Esta reparación debe darse antes del juicio oral, toda vez que la víctima lo admita, o el Ministerio Público, según el caso.
No beneficia a otros
La devolución y posible aceptación por parte del Indi de la tierra vendida ilegalmente no beneficiará a los co-imputados Rubén Darío Quesnel, extitular del Indi, Carmen Orlandini, asesora jurídica del Indi, y la imputada recientemente, escribana pública Justina Maribel Esteche Bareiro, debido a que estos no podían desconocer la ley y tampoco acceder a la venta de un inmueble subvaluado, ya que en la actualidad su precio sería de unos G. 13.000 millones.
Sin embargo, la compradora del bien, Julia Beatriz Vargas, puede pedir al Estado paraguayo la devolución de los G. 1.250 millones que abonó por la transferencia ilegal.
De momento, las tierras siguen inscriptas a nombre de Vargas y el Indi no puede pedir desalojo de personas que presuntamente se encuentran deforestando la zona, según denuncia acercada al Ministerio Público.
Esta venta del territorio indígena no tiene precedentes y de ahí la gravedad del caso, porque se realizó en abierta violación de la Constitución, que dice que no se puede vender ni alquilar la propiedad que figura a nombre de los aborígenes. Unas diecinueve familias residen en el lugar.
La venta ilegal e irregular
El 12 de octubre del año pasado, Rubén Quesnel, extitular del Indi, autorizó la venta de un inmueble de indígenas, situado en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia del departamento de Boquerón, individualizado como finca Nº 10245 padrón 37, con 25.000 hectáreas. La venta se hizo por G. 1.250 millones, por supuestos litigios judiciales.