Contralor pone en ejecución plan de políticos para extorsionar a fiscales

A principios de este mes, la Cámara de Diputados dispuso una inédita investigación a los 12 fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Esa unidad del Ministerio Público fue la que precisamente imputó a ocho miembros del Congreso Nacional por supuestos casos de corrupción, y otros están en la mira por un supuesto desvío de dinero que sobrepasa los US$ 149 millones.

Los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que realice un examen de correspondencia patrimonial de todos los asistentes fiscales, agentes y funcionarios integrantes de la unidad.

Como excusa, los legisladores aducen que algunos agentes fiscales manosean a las personas “con las persecuciones más viles en sus más sagrados derechos, por el prurito de la fama, el vedettismo y la figuración”, pero en el fondo no es más que un amedrentamiento.

Ahora, el contralor general del Estado Óscar Rubén Velázquez Gadea (Unace) se presta a la maniobra, ya que emplazó al fiscal general, Javier Díaz Verón, para que en el lapso de cinco días remita documentos que guardan relación con datos, cargos, funciones de “todo el personal asignado a prestar servicios en la Unidad Especializada” durante los últimos cinco años.

Además, solicita detalles de todos los ingresos percibidos por los agentes, detallando los descuentos que les fueran efectuados durante el mismo tiempo (ver facsímil de página).

Ligado a Oviedo Matto

El contralor Óscar Rubén Velázquez está ligado a los políticos y se presta para esta burda extorsión.
Esto es así porque el propio senador oviedista Jorge Oviedo Matto, “asociado” a la firma San Agustín SA por cuyo negociado con el Indert está acusado su expresidente Luis Ortigoza, había admitido que el contralor fue su contador y socio comercial en la agroganadera Sofía Juliana.

Coincidentemente, para el ente de control no hubo irregularidad en la compra de tierras que hizo el Indert a San Agustín.

Legisladores con procesos

La unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción actualmente está encabezada por el fiscal adjunto Federico Espinoza, tras el cuestionado “cambio” de Carlos Arregui, quien finalmente renunció al Ministerio Público.

Durante la gestión de Arregui fueron imputados los actuales senadores Carlos Filizzola (Frente Guasu), Víctor Bogado (colorado) y Enzo Cardozo (liberal).

También fueron imputados los diputados Milciades Duré, Édgar Acosta y José María Ibáñez, además del parlasuriano Enmanuel Friedmann.

Mientras, con la gestión de Espinoza fue imputado el diputado colorado Óscar Núñez.