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Los ministros Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron la casación presentada por la abogada Graciela Beatriz Moreno Jara.
La profesional representa al funcionario de la UCA Víctor David Oviedo Arce, sindicado como uno de los que cambiaban las notas a los alumnos a cambio de una suma de dinero.
Para la Corte la decisión de la Cámara de Apelaciones, que a su vez confirmó la resolución del juez José Delmás que rechazó la nulidad de la imputación, “no es susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de casación”.
Esto es así porque “la impugnante incurrió en un error de procedimiento al interponer simultáneamente el recurso de casación contra los fallos dictados por el juez a quo y por el Tribunal de Apelación, ello es así por cuanto que desde el momento en que el aludido órgano de alzada resolvió la apelación interpuesta por la defensa, la vía de la casación directa contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia quedó automáticamente inhabilitada”, se desprende del fallo de la Corte.
Los ministros concluyen que la resolución cuestionada “es objetivamente no impugnable por este medio recursivo”.
La abogada de Víctor Oviedo había alegado que la imputación presentada por la fiscala Teresa Sosa “falta a la verdad” cuando dice que solicitó autorización judicial para requerir informes a una telefónica sobre los celulares de su cliente.
Moreno indicó que “no existe constancia de dicha solicitud, motivo por el cual corresponde anular la imputación radicada contra su defendido”.
Sosa, por su parte, había contestado que la imputación no se basaba en un informe de telefonía sino en datos obtenidos del sistema informático de la UCA, a los que accedió previa autorización otorgada el 23 de abril del año pasado por el juez Miguel Tadeo Fernández.
El Ministerio Público imputó a 26 personas por producción de documentos no auténticos y adulteración de datos relevantes a la prueba, por el escándalo de compraventa de calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica.
Más de 20 alumnos
Además de los funcionarios de la UCA Claudio Aponte Steiner, Víctor Oviedo Arce y Eduardo Barrios Villalba, la fiscala Teresa Sosa imputó a más de veinte alumnos de derecho, entre ellos Joaquín Agüero Colmán, Claudia Carrera Romero, Nadia Siemens Chamorro, Nadia Soledad Ortiz, Rubén Escurra Páez, Rodrigo Segovia González, Christian Brítez López, Samantha Zaldívar León, Mirta Torres Pérez, Lourdes Agüero Zelaya y Emhil Morel Achón. Un informe de telefonía constató giros de dinero de Morel Achón (por G. 1.000.000), Carrera Romero (G. 900.000), Brítez (G. 200.000 y G. 900.000), Agüero Colmán (G. 1.600.000), para la adulteración de las actas donde estaban las notas.