05 de Marzo de 2013

| PESE A PEDIDOS DE GREMIOS DE FUNCIONARIOS, ABOGADOS Y JUECES NO TRATAN ESCÁNDALO

Corte no se expide sobre despilfarro de salarios de dos administradores

Los sobresueldos autoasignados por directores administrativos del Poder Judicial no son objetados y menos castigados por la plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Se aguarda que hoy sea tratado el caso.

Pese a que trascendió que en la sesión de los ministros de la semana pasada se iba a tratar el caso de Rosa Lucía Santacruz, directora financiera que percibió más de G. 71 millones en diciembre del año pasado, y Roberto Torres Cardozo, director de administración y finanzas que cobró en ese mismo mes casi G. 59 millones, la máxima instancia judicial no tomó ninguna determinación oficial al respecto.

Santacruz y Torres fueron criticados duramente por la Asociación de Magistrados, todos los gremios de abogados y de funcionarios judiciales y actuarios, que pidieron, en vano, que la Corte dé una explicación por los privilegios adoptados.

Tanto el director de administración y finanzas, como la directora financiera, percibieron en diciembre pasado más dinero que un ministro de la CSJ.

De acuerdo a documentos a los que accedió nuestro diario, Roberto Torres se alzó con casi G. 59 millones. Por bonificaciones y gratificaciones, que se repitieron en cinco ocasiones, se llevó G. 43.456.648, mientras que su salario mensual asignado es de un poco más de G. 8.000.000.

Por su parte, el ministro Luis María Benítez Riera, el mismo mes, recibió G. 57.711.369, con tres gratificaciones y bonificaciones.

Rosa Lucía Santacruz, a su vez, percibió nada menos que G. 71 millones. Por bonificaciones y gratificaciones, que se repitieron en seis ocasiones en su extracto de diciembre, la directora se embolsilló otros G. 44.438.996.

La funcionaria, incluso fue acreedora de un “subsidio familiar” de G. 7.250.000, suma ni concepto pagados a los funcionarios judiciales. Sin embargo, tiene asignado un poco más de G. 8.000.000 como salario mensual.

La directora financiera, asimismo, tiene un ingreso de G. 15.600.000 por “labores realizadas como miembro del Comité de Evaluación de Ofertas”.

La precariedad de los juzgados –que se traduce muchas veces en morosidad– y la huelga judicial de cada año –en busca de reivindicaciones salariales– contrastan con los millonarios montos percibidos por los mandamases del área administrativa. Los salarios son dignos de funcionarios de las binacionales.

La hija con privilegios

La Coordinadora de Abogados denunció privilegios de la hija de Lucía Santacruz, la joven Maysa Nair Oliveira, estudiante de derecho que percibe un salario de casi G. 6 millones en el Poder Judicial.

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