De farsa califican arresto de acusados de Cajubi

El abogado querellante en el megafraude del caso Cajubi, Rafael Fernández, cuestionó la desnaturalización de la figura penal del arresto domiciliario. En la forma aplicada es una farsa, ya que los procesados están en libertad plena y sin ningún tipo de control.

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Fernández solicitó al tribunal de sentencia integrado con las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Liza Battilana que haga cumplir efectivamente el arresto domiciliario de 10 de los 13 procesados o, bien, que disponga efectivamente la libertad ambulatoria de los referidos.

El abogado querellante argumentó que los acusados Víctor Daniel Bogado, Mariano Escurra Vicésar, Walter Elías Delgado, Félix Juan Bautista Villamayor, Aurelio Ramón Sosa, José Salvador Alonso, Cíbar Enrique Insfrán, Ricardo Antonio Poletti y Edgar Rolando Mengual, para quienes se dispuso el arresto domiciliario, posteriormente fueron beneficiados con horarios de libertad ambulatoria que iban de 7:00 a 19:00 para “ir a trabajar”, e incluso permisos especiales para concurrir a un casamiento, como en el caso del acusado Sosa.

En estas condiciones, se desnaturalizó la figura procesal del arresto domiciliario, porque en el caso de los acusados es asimilada a la libertad plena, refirió.

Además, los procesados no tienen control de la Policía para confirmar que cumplen o no, con la que debería ser medida restrictiva de libertad.

Fernández agregó que el “arresto domiciliario” que fue confirmado por el tribunal no disgusta de ninguna manera a los acusados, y que estos no iban a solicitar la revisión de sus medidas; sobre todo porque, en el caso de una eventual condena por lesión de confianza, el tiempo del “arresto domiciliario” servirá como parte de la pena que sería impuesta.

El tribunal de sentencia en la audiencia de revisión de medidas que solicitó la querella adhesiva argumentó para rechazar el pedido que no había hecho nuevo que amerite la revocación de esas medidas.

Sin embargo, el colegiado no tuvo en cuenta que la querella solicitó la revisión al cumplirse los 6 meses de pena mínima de la prisión preventiva. Los acusados tienen arresto domiciliario desde octubre de 2013.

La Fiscalía acusó, además de los nombrados, a Pabla Mieres, César Bejarano y Gustavo Duré por lesión de confianza agravada (pena de hasta 10 años).

El monto defraudado superaría los 40 millones de dólares.

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