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Así lo señaló el demandante, quien junto con su esposa Claudina Oviedo de Cuevas, visitó nuestra redacción para relatar las tribulaciones que sufrió por parte de fiscales y policías en agosto del 2003, además de indiferencia de la justicia.
Recordó que el 13 de agosto de 2003, siendo las 13:00, el fiscal Édgar Sánchez Caballero allanó sus oficinas ubicadas en el edificio 14 de Mayo, ante una denuncia de que en las mismas se encontrarían armas que serían utilizadas en un atentado contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien estaría en nuestro país, en esos días, para la asunción presidencial de Nicanor Duarte Frutos.
El allanamiento se registró ante una denuncia de que Cuevas pertenecía a un grupo anticomunista que buscaba eliminar a Castro. En el allanamiento no encontraron absolutamente nada y el hecho causó a Cuevas un trauma psicológico del que no se recuperó, según expresó.
Su demanda no prosperó en la Justicia ordinaria local y fue porque el juez de primera instancia Miguel Ángel Rodas, el tribunal de apelaciones quinta sala y la Corte Suprema de Justicia rechazaron su acción.
Por ese motivo recurrió a la CIDH, explicó.