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Los policías, entre los cuales había agentes de los cuerpos especializados y antimotines con apoyo aéreo de helicópteros, llegaron al asentamiento en la madrugada del jueves y dieron un plazo de dos horas a los pobladores para retirar sus enseres y abandonar el lugar. “Leyeron una orden de desalojo en la que el número de la finca no corresponde con el de la tierra que nosotros ocupamos. Aun así, no nos dieron la oportunidad de dialogar”, expresó Díaz.
Detalló que no se produjo ningún incidente violento, pero sí cuantiosas pérdidas materiales y de cultivos, ya que los policías utilizaron tractores para derrumbar las viviendas del asentamiento y arrasar las plantaciones.
El campesino explicó que en Ko’ê Pyahu viven aproximadamente 120 familias, unas 600 personas, que desde hace tres años ocupan unas 400 hectáreas con cultivos de mandioca, poroto, maíz o habichuelas, producidos de forma orgánica, sin uso de químicos agrícolas, y destinados al autoconsumo y a la venta a pequeña escala.
Las tierras, un total de 2.300 hectáreas, fueron adquiridas hace siete años por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para destinarlas a la reforma agraria, y hace dos años el ente completó el pago de la finca, refirió Díaz.
Por su parte, los campesinos que ocupan las tierras desde 2013 constituyeron una comisión vecinal para legalizar la posesión de las tierras, y se encuentran a la espera de que se designe a un juez para realizar la mensura del terreno y marcar sus límites.
Sin embargo, los productores de las fincas limítrofes, que son en su gran mayoría colonos menonitas dedicados al monocultivo de soja y caña de azúcar, también pugnan por el control de estas tierras, e impulsaron el desalojo en complicidad con funcionarios locales del Indert, denunció Díaz.
Antes del desalojo, los campesinos de Ko’ê Pyahu ya habían recibido amenazas de allanamiento por parte de agentes policiales, y cerca de 40 pobladores fueron imputados, acusados de los delitos de invasión de propiedad ajena, asociación criminal y abigeato.
La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay (Conamuri) denuncia que estas imputaciones son un intento de “criminalizar la lucha campesina”, y argumenta que la ocupación en el asentamiento es pacífica, y ninguno de estos presuntos delitos ha sido demostrado.