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También recordaron la Resolución 56 de Conajzar de junio de 2011, que señala: “...cancelando la licencia de la explotación de la quiniela y llamándose a una nueva licitación, significaría perjuicios para el patrimonio estatal”.
Luego, la Procuraduría, en el Dictamen N° 20/11 del 15 de marzo, señaló que antes de rescindir el contrato “la prudencia administrativa aconseja anticipar la adopción de medidas conservatorias orientadas a preservar la actividad que ocupa a la concesión del juego de azar, denominado quiniela”.
El abogado dijo que en base a resoluciones de Conajzar y la Procuraduría, se hicieron dos auditorías, que concluyeron que es imposible pagar un canon mensual de G. 7.560 millones.
Fernández Zacur afirmó que el Tribunal de Cuentas, segunda Sala, debe hacer lugar a la demanda, ateniendo que la petición se ajusta a derecho y no se solicitó nada irregular.