Elección de representante de UC ante el Consejo deja sus secuelas

Si bien la Universidad Católica eligió a su representante ante el Consejo de la Magistratura, las elecciones dejaron sus secuelas, al punto tal que el caso se tramita en la Justicia Electoral y hasta podría darse que se revea la situación. Mientras tanto hay otras tres facultades que reclaman el mismo derecho.

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El pasado miércoles, tras superar un amparo promovido por la Universidad del Norte, Derecho UC eligió a Cristian Kriskovich como representante ante el Consejo de la Magistratura.

Una de las filiales –la de Encarnación– no integró las mesas electorales, en repudio al rectorado que impugnó a la candidata de esa facultad, Gladys Barrios.

En un principio, con el llamado a comicios realizado por el rectorado y a pesar de la ausencia del Reglamento Electoral, tribunal ad hoc, sustitución del órgano encargado de la convocatoria, se presentaron las candidaturas el pasado 29 de julio. La conformaban, además de Kriskovich y Barrios, Antonia Irigoitia y Carmen Coronel de Airaldi (estas dos docentes desistieron del concurso).

Admitida la postulación, se puso de manifiesto en todas las sedes de las facultades de derecho habilitadas para la votación.

El 2 de agosto en horas de la tarde se notifica a las candidatas Antonia Irigoitia y Gladys Barrios que sus listas han sido rechazadas conforme Res. Nº 67, sin que se les informara de la impugnación presentada, según una presentación ante la Justicia Electoral que hizo Barrios.

El cuestionamiento referido en la presentación es que la citada resolución fue dictada en contravención a elementales reglas de la democracia, la participación, el estatuto de la universidad y el derecho.

Profesores de la UC indicaron a nuestro diario que efectivamente el derecho a la defensa y el debido proceso son derechos humanos básicos y garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional.

Las fuentes académicas resaltaron que dichos principios están basados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, plasmada en el mismo Estatuto Social de la Universidad en su art. 10, inc. f), segundo párrafo, que dice: “garantiza el derecho a la defensa y debido proceso en procesos que afecten a docentes”.

Asimismo recordaron que el Código Electoral impone que en casos de tachas o reclamos de padrones, se hará citar a los interesados a una audiencia verbal, en la que estos deberán deducir las pruebas que tuvieren y se resolverá el incidente dentro del término señalado por este artículo.

Igualmente dispone también que de las tachas e impugnaciones deducidas, se correrá traslado al apoderado del partido o del movimiento político en cuestión por el plazo de 48 horas, a fin de que conteste o subsane las objeciones formuladas.

En este estado de cosas y a consecuencia de la acción de amparo promovida por la Universidad del Norte –que suspendió los comicios previstos para el pasado 6 de agosto del año en curso– se convocó y realizó una reunión amistosa por iniciativa del propio rectorado, con la aparente promesa de retrotraer el estado de cosas al tiempo de la convocatoria, tan pronto se resuelva el amparo promovido en la Justicia Electoral.

Sin embargo, aún estando vigente la suspensión de todo el proceso eleccionario a causa de la medida cautelar de prohibición de realización de los comicios, se dictó y se notificó la resolución por la cual se rechaza la apelación planteada ante el rectorado, con anterioridad a la reunión. El fundamento esgrimido es que son inapelables las resoluciones que hacen lugar a las impugnaciones y que las mismas no se corren traslado previamente.

Luego de que se resuelva a favor de la UC el amparo promovido por UniNorte, se reanudó el proceso eleccionario y el miércoles pasado se realizaron los comicios, a pesar de encontrarse pendiente la acción de nulidad promovida por la docente Gladys Barrios.

El trámite de esta acción se halla paralizado debido a la recusación planteada contra los magistrados Alejando Herrera y Gladys Layahe, por parte de los representantes de la UC.

A la par de este pleito, UniNorte, la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Privada del Este también hicieron reclamos en pro de su inclusión en la representación ante el Consejo de la Magistratura.

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