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La Fiscalía General del Estado dio curso ayer a la denuncia presentada el viernes último por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, sobre la adquisición de bienes y equipos para la Policía Nacional, que se hicieron durante gestiones anteriores, pero que permanecen en desuso.
La nota de Francisco de Vargas, dirigida al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, expone que durante el ejercicio fiscal del año 2010, en época de Rafael Filizzola, el Ministerio del Interior adquirió de la firma “Metalúrgica Fernández SACI” -de Angel Trinidad Fernández Ozuna- entre otras cosas, 134 cocinas a gas, 134 heladeras, 140 congeladoras, 124 ventiladores de techo, 409 escritorios, 140 acondicionadores de aire de 18.000 BTU y 140 acondicionadores de aire de 24.000 BTU.
El monto total estipulado fue de G. 3.621.888.000.
Sin embargo, con relación a estos bienes, el documento explica que “no fueron distribuidos y están deteriorados debido a la precariedad y a la intemperie del lugar donde fueron depositados”. Para colmo, también se detectó un faltante de nada menos que 54 aires de 18.000 BTU, que habrían sido robados.
La denuncia puntualiza también una operación que se hizo con la firma “NGO SAECA” -cuya presidenta es Beatriz Clementina Rodríguez Alcalá- durante el ejercicio fiscal del 2011, cuando el ministro del Interior era Carlos Filizzola.
Sobre este punto, se hace mención a la compra de 2.000 cocinas a gas, 2.000 heladeras, 2.000 congeladoras, 2.000 ventiladores, en el marco de un contrato por G. 9.790.000.000.
Pero la denuncia del ministro De Vargas revela que parte de estos equipos tampoco fueron distribuidos y que están guardados en depósitos privados, cuyo alquiler demanda un gasto de al menos G. 216.000.000 por año.
Finalmente, la nota sugiere que la cantidad de bienes adquiridos en estos periodos habían sido excesivos e innecesarios, por lo que se insta al Ministerio Público a iniciar una investigación para determinar quiénes fueron los responsables directos y aplicar eventuales castigos.
Actualmente, la mayoría de las comisarías y puestos policiales del país ni siquiera están dotados con las mínimas comodidades para los agentes.