Exministro del Interior pide a la Corte nulidad de acusación

El exministro del Interior Rafael Filizzola presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de primera instancia del juez Hugo Sosa Pasmor que rechazó su pedido de nulidad de la acusación fiscal, en el proceso abierto por la compra de helicópteros para la Policía Nacional. La resolución atacada de inconstitucional estableció además la elevación de la causa a juicio oral y público, entre otras disposiciones.

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La acción presentada por Filizzola bajo patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicita la nulidad del auto interlocutorio N° 711 del 5 de agosto pasado, dictado por el juzgado penal de garantías N° 1, a cargo del juez Hugo Sosa.

El magistrado rechazó el estudio de los incidentes de nulidad parcial de la acusación, nulidad total de la acusación, sobreseimiento provisional y exclusiones probatorias planteados por la defensa del exministro en la audiencia preliminar, tras argumentar que no estaba facultado para estudiar el fondo de la cuestión.

Asimismo, los accionantes requieren además la nulidad del A.I. N° 218 del 1 de octubre dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, 1ª sala, que declaró inadmisible la apelación general planteada contra la resolución de primera instancia.

Filizzola sostiene que los hechos expuestos por el Ministerio Público no constituyen delitos.

“O sea, se pidió al juzgado de garantías que tome como ciertos los hechos expuestos en la acusación y que los confronte con la disposición penal del Art. 192 del CP para verificar si en caso de ser comprobados los mismos serían típicos, sin entrar a estudiar si el relato fáctico ocurrió o no, como lo expuso el agente fiscal, cuestión que sí es propia del juicio oral y público”, refiere el escrito.

El acusado destaca igualmente la existencia de cuestionamientos a las dos imputaciones, a la declaración indagatoria y a la acusación, que no fueron estudiados por los magistrados.

“Igualmente existieron planteamientos muy serios acerca de que las dos imputaciones, la declaración indagatoria y la acusación tenían diferentes cifras de perjuicio patrimonial lo cual, además de ser una evidente falta de seriedad de parte del Ministerio Público, constituye un atentado contra mi derecho constitucional de ser defendido porque no tengo posibilidades de saber cómo y por qué me atribuyen que causé daños por cualquiera de estos montos”, destaca, para luego sostener que ambos fallos son nulos por carecer de fundamentación.

En la semana pasada, similar planteamiento hicieron los empresarios españoles Guillermo Casado de Amezua y Álvaro Lasso Génova. Esta causa tiene relación con la compra de cuatro helicópteros para la Policía, a un costo de G. 50.062.368.788, en el 2010, que resultaron ser inservibles, según los datos.

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