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La acusación presentada por la fiscala Sara Torres tiene relación con el proceso de “landfarming” e irregularidad detectadas en el manejo de desechos.
Con relación al primer punto, Torres afirma que “el tratamiento de las borras o desechos sólidos y semisólidos empapados con hidrocarburos no se realiza en la forma recomendada para este tipo de procedimiento, el mismo no estaba delimitado, ni cuenta con impermeabilización del suelo para evitar la posible contaminación subterránea”.
Asimismo, Torres sostiene que los residuos sólidos provenientes de los restos de hidrocarburos por derrames accidentales, limpieza y mantenimiento de tanques y surtidores, envases vacíos de sustancias químicas y otros residuos sólidos son manejados incorrectamente debido que son almacenados en un vertedero creado en el predio de la institución, juntamente con los desechos comunes.
Si bien en un principio la defensa de Escobar sostuvo que el proceso de “landfarming” se hizo de manera correcta y atribuyó la disposición errónea de los tambores a la administración anterior y a un inconveniente con la firma que recolecta la basura, cambió de estrategia.
Previa admisión de los hechos, Escobar planteó un procedimiento abreviado. Específicamente, la defensa planteó una condena de 2 años, con suspensión de la pena a cambio de la reparación del daño mediante la donación de plantines por un periodo de 2 años y 2 meses.
“El 25 de febrero se hizo la primera audiencia, en la cual plantearon un procedimiento abreviado, el cual rechacé porque considero que el daño ambiental es un poco excesivo y que debe ser producto de un debate en un juicio oral y público”, explicó el juez Riquelme.