Fianza y restricciones para la “mano derecha” de cerebro de megafraude

Fianza personal de G. 300 millones, prohibición de salir del país y obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado son las medidas que pesan desde ayer contra José Nicolás Acosta Gamarra, uno de los once procesados por el megafraude a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú.

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“Yo solo cumplí órdenes”, dijo Acosta, tras afirmar que era solamente un empleado de Centurión, exfuncionario de la SET sindicado como supuesto cerebro del esquema de evasión a través de empresas ficticias.

Acosta, quien fue asistido durante la audiencia por los abogados Carlos Álvarez y Gloria Acosta, su hermana, era funcionario de la Consultora Segovia y Asociados, una de las seis empresas del exfuncionario público.

“Él actuaba en grado de dependencia del señor Centurión, no tenía la decisión del hecho, por eso el juez le dio medidas alternativas a la prisión”, explicó Álvarez.

El letrado se excusó de ahondar en detalles sobre la intervención de su defendido porque recién ayer retiró copia del expediente.

Además de Acosta, también han sido convocados por el juzgado para la audiencia de imposición de medidas José María Novais Aguilar, Justo Santacruz Benítez, Luciano Miranda Chaparro, Sidney Nilton Schiochet, Walter Enrique Hermosa, Carmelo Álvarez Mascheroni y Juan Fernando Cañiza Chaparro.

La imputación refiere que Acosta habría participado en la elaboración de facturas correspondientes a las personas físicas y jurídicas señaladas, cumpliendo con el pedido de varios intermediarios, generalmente contadores o auditores, incluyendo los montos, conceptos y honorarios o pagos correspondientes a la facturación ficticia solicitada por dichos intermediarios, a favor de distintas personas físicas y jurídicas.

También están imputados por el fraude Centurión Carmona, Gregorio Luis Berthand Gómez y Delia Segovia Rodríguez.

El monto total de la facturación ficticia es de G. 340.000 millones y actualmente Tributación realiza un control de la documentación para determinar el perjuicio.

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