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El representante del Ministerio Público estudia el planteamiento para desaforar al citado legislador de la ANR tras recibir nuevos informes y documentos sobre supuestas ilicitudes atribuidas al exgobernador, ahora senador oficialista de la ANR.
La solicitud del desafuero podría plantearse antes de fin de año, pero ya no tendría efecto a corto plazo porque el año ya llega a su fin y el planteamiento recién podría estudiarse el próximo año en el Congreso, explicaron fuentes del Ministerio Público durante el fin de semana
El fiscal Cabrera abrió una investigación sobre el senador Aguinagalde después de que el actual gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías, promoviera una denuncia por los presuntos delitos de estafa, lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso.
Zacarías Irún había hecho denuncia contra “personas innominadas” por desvío de G. 6.000 millones en las gestiones de 2012 y 2013, correspondientes a la administración de Nelson Aguinagalde y José Sánchez.
Los informes arrimados a la Fiscalía a cargo de Martín Cabrera comprometen a Aguinagalde porque este figura como vinculado a cobros de cheques de montos muy grandes.
Según esos documentos, quien fue secretario privado de Aguinagalde, Luis Pablo Mendoza, cobró dos cheques cargo Banco Amambay, uno por el monto de 156.000.000 y otro de 179.400.000 guaraníes. Ambos cheques estaban destinados a gastos de la Cooperadora Escolar Departamental del Alto Paraná, dicen los informes.
Tramitan otro caso judicial
Según otra causa judicial, que se tramita ante un juzgado de Ciudad del Este, el legislador había sido imputado por el presunto desvío de G. 3.000 millones en la Gobernación del Alto Paraná.
Este caso se inició con base en informes de la Contraloría General de la República, cuyos peritos afirmaron haber constatado que Nelson Aguinagalde, cuando era gobernador, pagó multimillonarias sumas de dinero por obras públicas fantasmas o inexistentes.
Según los informes y antecedentes, existen documentos que prueban la mala utilización de los fondos de la Gobernación en 2009, en la construcción de aulas en escuelas públicas.