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En el reinicio del juicio oral donde solo se esperaban las palabras finales de los acusados García Balmaceda y su pareja Lelys Penayo Leguizamón, el defensor del exagente policial, Guillermo Casco, recusó al pleno del tribunal de sentencia.
Casco alegó que el 5 de agosto pasado, el tribunal integrado con los jueces Carlos Hermosilla, Juan Carlos Zárate y Wilfrido Peralta, cuando resolvió que la ley aplicable a la acusación de enriquecimiento ilícito era la N° 2523, preopinó.
La defensa sostiene que la Ley N° 2523, que reprime el enriquecimiento ilícito, entró a regir el 31 de diciembre de 2004, fecha en la cual García Balmaceda ya se encontraba en estado de retiro y ya no era más funcionario público. “En estas condiciones demostramos a cabalidad que la normativa jurídica vigente para los supuestos hechos punibles objeto de este juicio oral y público es el Decreto 448/1940”, indicó Casco.
El tribunal de sentencia contestó rechazando la recusación y la Cámara, Primera Sala, resolverá sobre este incidente.
Fiscal pedirá sanción
El fiscal Aldo Cantero, visiblemente ofuscado, adelantó que hará una manifestación a la Cámara para que aplique sanciones a los abogados que litigan de mala fe y hacen ejercicio abusivo del derecho.
“La aplicación de la Ley N° 2523 ya se discutió en la etapa preparatoria, en la preliminar y en los incidentes previos al inicio del juicio oral, pero ahora luego de 60 días la defensa recusa al tribunal”, se quejó el fiscal.
Chicana de coprocesada
Anteriormente, la coprocesada Penayo Leguizamón, evitó que el tribunal dé a conocer su sentencia, cuando comunicó que tuvo un preinfarto.
El tribunal envió un forense al Hospital de Clínicas, pero no encontró a Penayo Leguizamón en el nosocomio.
La acusada también a través de su abogado Enrique Paredes Piñánez recusó el 23 de setiembre pasado al tribunal de sentencia porque supuestamente el colegiado al rechazar un incidente dijo acerca de la mujer que “era conviviente del excomisario García Balmaceda”.
La Fiscalía, que solicitó pena de 15 años de prisión para el expolicía y 5 años para la mujer, sostiene que García no puede justificar como ingreso lícito unos G. G. 3.210.280.630 y supuestamente evadió impuestos por G. 78 millones.