Fiscala imputa a titular del Indert por desacatar una orden judicial

El 27 de febrero de 2014, el Ministerio Público, según los antecedentes, la Fiscalía recepcionó el oficio judicial número 2158, del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del cuarto turno que hace referencia al expediente caratulado “Arminda Servián Vera contra IBR (actual Indert) sobre indemnización de daños y perjuicios”. El juzgado además agregó el informe del actuario judicial que apuntó que Cárdenas incumplió la orden del juzgado, pese al apercibimiento que se decretó por providencia del 18 de octubre de  2013.

Ante los fuertes indicios, mediante evidencias documentales, el magistrado del fuero civil remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público, para una investigación penal.

De acuerdo a las constancias del expediente, el 28 de junio de 2013 el oficial de justicia presentó el oficio 1032 del 22 de mayo del mismo año, por el cual se solicitó informe al Indert si embargó o no los haberes del funcionario Carlos Vicente Solís Zárate. En caso de que no haya procedido así, Cárdenas tenía que informar al juez porque no hizo lugar a la medida dispuesta por el juzgado.

Luego, el juzgado emplazó a Cárdenas para que en tres días informe si cumplió o no con la resolución judicial. Sin embargo, el titular del Indert hizo caso omiso a la orden de juez, que se considera como delito de desacato, hecho punible por el cual fue imputado ayer por la fiscala Cano.

La agente del Ministerio Público señaló que existen suficientes indicios que hacen sospechar que Cárdenas incumplió la orden del juez del fuero civil y que por lo tanto corresponde que afronte un proceso penal.

El juez Julián López salió sorteado para atender la causa penal abierta de Cárdenas. El magistrado ahora deberá admitir la imputación y una vez que se cumpla este plazo, deberá convocar al titular del Indert para la imposición de medidas alternativas.

El desacato es una figura prevista en el Código Penal y que prevé una pena de seis mese, hasta dos años de cárcel. Sin embargo, la normativa describe que si el autor cometiere el desacato mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial, o fuere un funcionario público, empleado o contratado por el Estado, la pena podrá ser elevada hasta a 5 años.