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El oficio remitido a la máxima instancia judicial fue firmado por los fiscales René Fernández, Martín Cabrera y Aldo Cantero, responsables de impulsar la investigación para determinar si hubo o no prevaricato.
El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos, Federico Espinoza, dijo que se espera contar con todos los antecedentes del caso, para hacer un análisis más profundo sobre la actuación del ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Buongermini y Neri Villalba, quienes otorgaron la libertad a Sosa Palmerola el 16 de julio pasado.
Los magistrados señalados más arriba hicieron lugar a un recurso de queja presentado por la abogada Sara Parquet de Ríos, el 15 de julio pasado. La profesional alegó que su cliente tenía que ser liberado por resolución ficta, debido a que el Tribunal de Apelación, tercera sala, incurrió en mora, al no resolver en tres días la apelación que presentó contra la decisión del juez Tadeo Fernández, quien había confirmado la prisión del imputado en la cárcel de Tacumbú.
Lo llamativo es que el 9 de julio pasado, Blanco, Villalba y Buongermini, rechazaron un hábeas corpus presentado por Sosa Palmerola. Este argumentó que estaba injustamente detenido porque la Cámara cayó en mora al no resolver en tres días la apelación de su prisión.
Sin embargo, en aquella ocasión, el ministro y los dos camaristas ya citados afirmaron que no se puede hablar de mora, debido a que el Tribunal de Apelación no estaba integrado a causa de la inhibición en cadena, ya que se apartaron 17 camaristas.
La grosera contradicción de los miembros de la Sala Penal es lo que hace presumir que los mismos habrían distorsionado la ley en el recurso de queja para liberar a Sosa Palmerola, imputado como instigador del desvío de US$ 14 millones de financiera Ára.
Los fiscales que también indagan el prevaricato, enviaron otro oficio al juez Rubén Ayala Brun, para que remita al Ministerio Público el expediente del caso Ara.
Ayala Brun fue el magistrado que ejecutó la resolución de la Corte y el 16 de julio dispuso la libertad de Sosa Palmerola.
EL HECHO PUNIBLE
- El delito de prevaricato está previsto en el artículo 305 del Código Penal, que establece: 1º. El juez, árbitro u otro funcionario que teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años. 2º. En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.
- El Ministerio Público analiza si la conducta del ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Buongermini y Neri Villalba se encuadra dentro de lo previsto en el hecho unible de prevaricato. Para ello se solicitaron varios informes.