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“En la acción que plantea el recurrente contra actos normativos y bien específicos para los requisitos a cumplir en la importación de productos alimenticios y los denominados suplementos dietarios, no se observa en autos que con la presentación de la acción de inconstitucionalidad la firma Suntec haya demostrado o acreditado a través de su representante, que las disposiciones atacadas le afecten concretamente en sus legítimos derechos, por el carácter de importadora de productos alimenticios dietarios o suplementos nutricionales, tal como lo manifiesta su escrito”, refiere el adjunto Zacarías en una parte del dictamen que aconseja el rechazo de la acción.
En su escrito, el fiscal adjunto advirtió a la Sala Constitucional que debió rechazar in límine la presentación de Suntec, con base en el artículo 12 de la ley que organiza la máxima instancia judicial. En dicho artículo se señala que no se dará trámite a la acción cuando no se justifique la lesión concreta.
Sin embargo, la Sala Constitucional integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro (disidente en cuanto a la medida de urgencia), no solo admitió sino suspendió los efectos de los decretos y la resolución de Salud para controlar los alimentos.
Es por ello que se presume que hay una maniobra para que la Corte haga lugar a la acción.
El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN, dependiente del Ministerio de Salud considera sumamente grave la medida de urgencia dispuesta por la Corte, atendiendo que con la misma no se puede hacer el control sanitario de los productos importados por la firma Suntec. Las autoridades sanitarias abogan que los ministros puedan revocar con urgencia la suspensión de los efectos del control sanitario. Dijeron que la decisión queda en manos de los ministros Fretes y Peña.
La firma Global System SA también consiguió una medida de urgencia para eludir los controles del INAN.
Tercera firma, en “espera”
La empresa Borgaro SA, asentada en Pedro Juan Caballero y dedicada a la importación de productos alimenticios y vinos, planteó también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para burlar los controles sanitarios, con un pedido de suspensión en carácter de “urgente”.
La firma está representada por Mónica Patricia Centurión González y se presenta como importadora de comestibles y productos afines. Presentó dos acciones contra el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1635/1999 y la RSSG Nº 385 del 19/05/2011 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que prevé los controles sanitarios a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).