Fiscalía General aconseja rechazar acción contra la declaración jurada

La Fiscalía General del Estado afirma que no es inconstitucional que la Contraloría dé a conocer la declaración de bienes de funcionarios públicos. Es por ello que recomendó a la Corte que rechace la acción promovida por los propios empleados del Ministerio Público.

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Los funcionarios de la Fiscalía señalaron en la acción que el artículo de la ley de Declaración Jurada que les obliga a autorizar a la Contraloría a dar a conocer los datos contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, es inconstitucional.

“La declaración jurada de bienes y rentas, constituye básicamente un documento a través del cual los funcionarios públicos se ven compelidos a dar a conocer datos certeros acerca de los bienes patrimoniales que poseen, con la finalidad de que la autoridad competente, conozca el patrimonio del mismo y las variaciones que pudieran surgir, durante el ejercicio de la función pública. El fin que persigue este documento es combatir la corrupción, como un mal que deteriora los cimientos de la institucionalidad, ya que opera en contraposición a los intereses de la ciudadanía y por lo tanto, erosiona el cabal ejercicio de la función pública. La figura de la declaración jurada de bienes, se constituye en una herramienta de control esencial, para detectar el enriquecimiento ilícito de los servidores en la función pública”, dice una parte del dictamen remitido ayer a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

“El argumento acerca de la supuesta vulneración del derecho a la intimidad del funcionario público, no guarda relación con la propia finalidad del espíritu de la norma, tanto constitucional como legal, que se enfocan a conocer –por medio de la autoridad competente– el patrimonio del agente público durante el periodo de prestación de servicios a la administración pública”, enfatiza el escrito fiscal.

“Podemos inferir así que la normativa hoy cuestionada, pretende otorgar las herramientas necesarias a fin de que el órgano competente, pueda realizar los procedimientos tendientes a conocer en detalle, el patrimonio del funcionario público, y con ello, garantizar el espíritu propio del artículo 104 de la Carta Magna y de otros convenios internacionales ratificados por el Paraguay, en relación directa a la lucha contra la corrupción”, agrega la Fiscalía General.

Los funcionarios del Ministerio Público también accionaron contra otros artículos la Ley N° 5033/13.

El Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial, también promovió una inconstitucionalidad contra la declaración jurada.

ENTIDADES FINANCIERAS

Para la Fiscalía General del Estado tampoco es inconstitucional el artículo 11 de la ley atacada por los funcionarios del Ministerio Público, que dice:

“Las entidades financieras y bancarias están obligadas a facilitar cualquier informe y documentación que la Contraloría General de la República, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la presente Ley, requiera sobre las cuentas de cualquier índole que los funcionarios o empleados públicos poseyeran en las mismas en el plazo a ser establecidos en la reglamentación correspondiente. Transcurrido dicho plazo o, en caso de negativa de estos, la Contraloría General de la República solicitará al órgano jurisdiccional competente su intervención a tal efecto”.

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