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Uno de los denunciantes, Omar Gilberto Servín Torres, auditor de SST SA, había dejado constancia en la comisaría 12ª Metropolitana de que los guardias de la referida empresa recibieron en los últimos días la visita de un hombre y una mujer que les propusieron robar medicamentos o provocar algún tipo de daño en las instalaciones del IPS, con el propósito de perjudicar la imagen de la firma.
El acta confeccionado por los uniformados también consigna que estos desconocidos actuaban en un vehículo furgón Trafic, sin logo pero con luces de sirena colocadas.
En la dependencia policial, los propios guardias de SST SA, respaldados por miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dejaron entrever que los responsables serían sus colegas de la empresa de seguridad privada Tapití SRL, del excomandante de la Policía Viviano Machado Orihuela y su hermano menor Vidal Machado Orihuela, este último, exagente de Delitos Económicos.
El alegato de los custodios denunciantes se sustenta en que los hermanos Machado se encuentran actualmente en una dura puja por una licitación de 14 millones de dólares para el servicio de vigilancia en el IPS, a cargo actualmente de la empresa SST SA.
Supuestamente, los empleados de los policías retirados querrían dejar malparada a la empresa competidora para así forzar la designación de Tapití SRL.
Los empleados de SST SA advirtieron que se encuentran en alerta por cualquier sabotaje que se pudiera registrar en el IPS.
La encarnizada lucha por la multimillonaria adjudicación se destapó, coincidentemente, después de que guardias de la empresa Tapití SRL denunciaran ante el Ministerio del Trabajo a sus patrones, los hermanos Machado, por un supuesto régimen de esclavitud al cual son sometidos.
Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado que investigue a los comisarios retirados por enriquecimiento ilícito.
Protesta ante la DNCP
La empresa e seguridad privada Tapití SRL consiguió recientemente posponer la apertura de sobres para la adjudicación de la vigilancia en el IPS tras presentar una protesta contra el pliego de bases y condiciones. Los otros competidores creen que se trata de una maniobra de presión contra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para direccionar a su favor la licitación.