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En su escrito los abogados señalaron que solo en 2014 cheques de la firma Viradolce SA (de Llorens) por G. 10.824 millones fueron depositados en la cuenta corriente que la imputada por estafa Anie Victoria Gibbons tiene en el banco Itaú y G. 8.945 millones en la cuenta de la procesada Fabiola Bareiro Gibbons.
“La participación de los empleados del banco ha sido determinante para que las hermanas (más arriba mencionadas) puedan obtener fondos que Itaú otorgó por vía del sobregiro y así pagar los cheques que, a su vez, son objetos provenientes de hechos antijurídicos de estafa cometidos contra la empresa Viradolce SA. La implicancia de los empleados permitió que las hermanas haya podido usar, gozar y disponer de los fondos”, señalaron los letrados en el escrito presentado ante el fiscal Vera, quien investiga la estafa a la empresaria.
Según el escrito, el banco Itaú está obligado por la Ley 1015/97 (antilavado) a “conocer a sus clientes”. “Las entidades bancarias deben obtener información respecto a las actividades de las que provienen los objetos y fondos que los clientes depositan en la entidad”, enfatizaron los letrados.
“El perfil del cliente implica establecer los montos que, en un periodo de tiempo, el mismo puede razonablemente depositar en el banco, en atención a sus fuentes legales de ingreso”, dice la presentación.
Resalta que Fabiola Bareiro Gibbons era auxiliar de contabilidad, empleada contratada por su media hermana Anie Gibbons, quien era contadora externa de Viradolce. “Por ende, sus ingresos mensuales razonablemente no deberían haber superado los treinta millones de guaraníes en atención a sus fuentes legales de ingreso”, apuntaron los abogados en su denuncia.
Amarilla y Duarte propusieron al fiscal Vera que realice una serie de diligencias, a los efectos de individualizar y sancionar a los empleados del banco que habrían estado implicados en el hecho de lavado de dinero, por el cual ya están imputadas las hermanas.
Imputados por la estafa
El fiscal Miguel Vera imputó a siete personas por la millonaria estafa a la empresaria Maris Llorens, que sería de G. 35.000 millones.
Por estafa y producción de documentos no auténticos, pidió procesar a la contadora Annie Gibbons, su hermana Fabiola Bareiro Gibbons y las empleadas de la empresa Viradolce SA Carmen Pino y Carmen Sosa López, por un supuesto perjuicio de G. 15.000 millones. Luego amplió el caso por reducción y otros delitos contra los hijos de Annie, Diego Rubén, Horacio Daniel y Silvia Giménez Gibbons, esta última esposa de viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jorge “Turi” Cappello.