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El cambio de Arregui, de la referida unidad para ser llevado a la fiscalía adjunta de Central, derivó en la renuncia de este funcionario.
Además desató un vendaval de críticas al fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, ante la sospecha de que accedió a un pedido político.
Como respuesta, el fiscal Martín Cabrera imputó al exgobernador de Presidente Hayes, por un faltante de más de G. 905 millones, que debían ser destinados a ayuda social, emergencia y comunidades indígenas.
Otras once personas fueron incluidas en el proceso, sobre quienes pesan órdenes de detención.
El parlamentario, sin embargo, debe ser desaforado previamente.
Su abogado Óscar Latorre anunció que su cliente solicitará el desafuero para someterse a la fiscalía.
El caso es bien conocido por Espinoza, ya que fue fiscal adjunto de Villa Hayes.