Insisten al Jurado destitución de camarista del Ñeembucú

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe destituir a la camarista Graciela Elena Candia Fretes, actual miembro del Tribunal de Apelaciones o de Alzada de Pilar, jurisdicción del Ñeembucú, insistió Víctor Justino Pérez, denunciante.

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La denuncia contra la camarista se encuentra “congelada” hace varios meses en el JEM, según indicó el accionante al señalar que el organismo juzgador de jueces debe tomar decisiones sobre el caso para que se profundicen las investigaciones.

Pérez recordó que él y sus hermanos fueron víctimas de una ilegal resolución dictada por Candia Fretes cuando se desempeñaba como jueza de primera instancia de Pilar, tiempo en que “de la nada se convirtió en propietario de 150 hectáreas de tierras” a una persona que carece toda vinculación con su familia.

El inmueble en cuestión forma parte de una herencia probada con títulos originales, informes oficiales de Registros Públicos, pero en forma grosera fue prácticamente confiscada por la ahora denunciada, indicó el denunciante.

Pérez afirmó al JEM que por AI Nº 197 del 7 de mayo del 2008 la entonces jueza de primera instancia Graciela Elena Candia Fretes adjudicó de un plumazo a un desconocido el inmueble de 150 hectáreas individualizado como finca Nº 166 de Isla Umbú, con padrón Nº 358.

Tras firmar su resolución, Candia Fretes ordenó la inscripción del inmueble a la Dirección de Registros Público, cuyas autoridades descubrieron posteriormente la maniobra, relató.

Ante ese hecho, las autoridades registrales dijeron que no se puede tener un inmueble con doble título o tierras “dos pisos”, porque el inmueble en cuestión tiene a antiguos y viejos propietarios, añadió el denunciante.

Sumario y denuncia

Señaló que a causa de la orden irregular de inscripción de la propiedad se instruyó un sumario administrativo en la Dirección de Registros Públicos y que con relación a ese hecho fueron denunciados ante el Ministerio Público funcionarios de la mencionada entidad registral

Entre los denunciados se encuentran José María Mora, Rodrigo Larrosa e Irma Torales, funcionarios de la Dirección de Registros Públicos, sindicados como presuntos cómplices de la magistrada denunciada ante el JEM.

El Ministerio Público debe investigar la denuncia para imputar a los responsables, añadió Pérez al insistir que la denunciada tiene que ser destituida de su cargo.

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