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Sugestivamente, la fiscala Martínez había solicitado a la magistrada que condene a los implicados a realizar una donación de G. 5 y 10 millones, respectivamente. La agente del Ministerio Público ni siquiera imputó a los empleados, sino busca beneficiarlos con una salida alternativa al proceso, para evitar que los mismos afronten un juicio oral y publico.
Las fuentes señalaron que Martínez insistirá mañana ante la jueza que se aplique la exigua donación para la “reparación del daño”. Sin embargo, el hecho fue muy grave, lo que obligó que en un comienzo la Seam clausure la planta industrial de Copetrol e incluso luego le aplicó una multa de más de G. 1.000 millones. Ahora, la fiscalía solo pide una insignificante donación.
A raíz de las publicaciones periodísticas, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había ordenado una auditoría de la gestión de Martínez. El resultado de dicho trabajo hasta ahora no se dio a conocer, lo que hace presumir que la fiscala tendría el visto bueno para insistir en su descabellada propuesta, ante un hecho que se consideró sumamente grave.
Según expertos ambientales consultados por nuestro diario, el requerimiento de la fiscala ofende la inteligencia y confirma que la Unidad Ambiental, que está a cargo del fiscal adjunto Jorge Sosa, deja impunes graves delitos ambientales que incluso ponen en peligro la salud y la vida de las personas, para perseguir hechos punibles bagatelarios que no le afectan a la ciudadanía.