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El tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el caso denominado Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) está integrado con los jueces María Luz Martínez (presidenta) y como miembros titulares Daniel Ferro y Víctor Hugo Alfieri. Es miembro suplente Elio Ovelar.
Según el sorteo informático, el juicio oral debe iniciarse el 28 de mayo de 2015, por tres días, pero esta fecha es tentativa, ya que es potestad de los jueces modificarla, si así lo cree conveniente el colegiado, o a pedido de las partes.
Cuatro causas acumuladas
El juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor elevó la causa a juicio oral el 8 de octubre de 2013. Previamente, el juzgado había acumulado en uno solo, cuatro procesos abiertos que estaban en igual cantidad de juzgados.
Las cuatro causas investigadas y que fueron acumuladas en una sola son las denominadas Euro Invest Word Wide, Keystone, Union Securities y Génesis, firmas en las cuales la Cajubi realizó “inversiones” de alto rendimiento.
Trece, a juicio oral
Los acusados por lesión de confianza, cuya expectativa podría llegar a 10 años de prisión, son: Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra Vicesar, Walter Elías Delgado, Félix Villamayor Gabaglio, Aurelio Sosa Álvarez, José Salvador Alonso, José Szwako, Cíbar Enrique Insfrán, Ricardo Pereira Poletti y Édgar Mengual Herken.
También enfrentarán juicio oral César Bejarano, Pabla Mieres de Scavenius y Gustavo Duré.
La elevación de estas causas acumuladas fue por un perjuicio a la Cajubi de US$ 40 millones, según había solicitado la fiscala Lidia Victoria Acuña Ricardo.
La querella adhesiva ejercida por los abogados Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga solicitó durante la audiencia preliminar que el perjuicio sea cuantificado en por lo menos US$ 70 millones. No obstante, la querella adelanta que este monto de daño patrimonial a la Caja se insistirá ante el tribunal de sentencia.
El perjuicio a la Cajubi, que en un principio fue denunciado ante el Ministerio Público, fue de unos US$ 176 millones. Una buena cantidad de este monto prescribió en manos del exfiscal Sergio Alegre Centurión, cuando investigó las operaciones de alto rendimiento.