Jueces actualizan declaración jurada

Ante las sospechas de enriquecimiento de jueces y fiscales del Este por sus ostentosas residencias y lujosos vehículos, la Corte Suprema instó a todos los jueces del país a renovar la declaración jurada de bienes.

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La abogada Juana Orzuza, directora general de Recursos Humanos del Poder Judicial, envió a cada magistrado una nota en la que se consigna que en la sesión plenaria del 30 de abril pasado, los ministros por unanimidad resolvieron “recomendar que se dé cumplimiento a la presentación y actualización de la declaración jurada de bienes” ante la Contraloría General, de conformidad a lo dispuesto en la resolución N° 2783/2010 de la CSJ.

Esta disposición ya generó el malestar de varios jueces, quienes reclaman que la normativa es clara cuando obliga la presentación de la declaración jurada al momento del ingreso y al salir de la función pública.

Esto se suma a la petición del ministro César Garay, quien propuso y encontró eco favorable en sus colegas que los jueces cuyas lujosas residencias fueron publicadas en los medios de comunicación brinden un detallado informe a la máxima instancia, con qué dinero construyeron las residencias que poseen, así como los costosos vehículos que exhiben con total impunidad. Garay sostuvo que la Corte tiene esa facultad, en su carácter de superintendencia.

Los jueces del Este que están en la mira son Ana María Arréllaga, Manuel Trinidad Colmán, Raúl Insaurralde, César Níder Centurión, Amílcar Marecos, Carmen Barrios, Graciela Flores, Efrén Giménez, Norma Gamarra de Martínez, Neyder Alarcón de Duarte y Wilfrido Velázquez, quienes nota mediante presentada en el Ministerio Público, renunciaron a sus fueros para que se los investigue. Por su parte, los fiscales Arminda Rivas, Édgar Torales, Carolina Gadea, Liz Carolina Alfonso y Nilda Cáceres, son auditados por orden del fiscal general, Javier Díaz Verón.

La denuncia fue radicada por el Colegio de Abogados de Alto Paraná, que arrimó fotografías de las residencias lujosas, muchas de ellas en el Paraná Country Club.

La abogada Kattya González, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, indicó que funcionarios que “perciben G. 10 millones, no pueden vivir como si obtuvieran G. 100 millones”.

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