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En la actualidad, el sistema de elección de jueces, fiscales y defensores públicos está a cargo del Consejo de la Magistratura.
Para la confirmación se sigue el mismo camino. Aunque la evaluación es distinta para los magistrados –entre los que se incluyen jueces, fiscales y defensores–, ellos concursan con abogados que no forman parte del Poder Judicial y el Ministerio Público.
En muchos casos, estos magistrados inclusive quedan fuera de terna.
Lo concreto es que el Consejo conforma la terna y la remite a la Corte Suprema de Justicia que es la que debe elegir a uno de los integrantes para acceder al Poder judicial.
El proyecto impulsado por los senadores Enrique Bacchetta, Arnoldo Wiens, Fernando Silva Facetti y Julio Quiñónez quita esta prerrogativa al Consejo.
De acuerdo a la redacción de este proyecto, en su artículo 4°, el procedimiento de confirmación será iniciado por el Consejo a cuyo efecto requerirá informes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la Contraloría General de la República, a la Inspectoría General del Ministerio Público, al Consejo de Superintendencia de la Corte y al Tribunal de Ética Judicial.
Además deberá efectuar un test sicotécnico, una entrevista y una evaluación a la gestión del postulante.
Luego en el plazo de diez día elevará un informe a la Corte.
Tras recurrir el informe, en el plazo de 35 días corridos la Corte podrá solicitar a las organizaciones intermedias de abogados un informe sobre la receptividad del desempeño del postulante, a la vez de evaluar la gestión en el último periodo de labor del magistrado.
“En caso de que el postulante no sea confirmado en el ejercicio del cargo, la Corte suprema de Justicia deberá comunicar esa decisión al Consejo de la Magistratura, a los efectos de la convocatoria, selección y proposición de la terna correspondiente”, dice parte del proyecto de ley.