Juez impone fianza y prohíbe salir del país a exministro de Justicia

Fianza de G. 2.500.000.000, prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes en tribunales conforman las medidas que soporta desde ayer el exministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, actual diputado suplente. Es por una disposición del juez penal de garantías Alcides Corbeta, dictada tras una audiencia realizada ayer en un proceso por lesión de confianza.

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En la audiencia realizada ayer a la mañana, Blasco se presentó ante el juzgado acompañado de los abogados Álvaro Arias, José Enrique García y Juan Pablo Irrazábal.

La fiscala de delitos económicos Victoria Acuña también participó en la audiencia, ocasión en que se ratificó en su petición de medidas alternativas a la prisión para Blasco.

El juez Corbeta estableció una fianza de G. 2.500.000.000, por ahora cubierta de manera personal por los abogados defensores. En su resolución, el magistrado establece un plazo de 60 días para que la defensa presente inmuebles suficientes para cubrir la fianza real.

Blasco, actual diputado suplente, fue imputado en forma conjunta con su sucesora María Lorena Segovia, por la supuesta adjudicación irregular de una empresa privada para la realización de una consultoría –dentro de la elaboración de un modelo de centro penitenciario (cárcel de Emboscada)– que la Cooperación Española elaboró ya en el año 2000.

La imputación radicada por la fiscala Acuña afirma que la operación referida causó un perjuicio patrimonial de G. 4.950 millones.

“A pesar de contar con el desarrollo de un proyecto que podría ser utilizado y adaptado para cualquier penitenciaría, se aprobó el resultado de un nuevo llamado a licitación pública nacional para la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización de obras para la construcción de la nueva penitenciaría nacional”, explica la imputación.

La Fiscalía atribuye a Blasco un presunto perjuicio de G. 3.960.000.00 y a Segovia, G. 990.000.000.

“No hay lesión de confianza de ninguna manera. Es una imputación que no reúne los requisitos formales establecidos en el código porque no hay una descripción sucinta de conducta de mi cliente.

Nosotros vamos a presentar todos los elementos de descargo, para que la fiscalía pueda tener los elementos necesarios para pedir sobreseimiento definitivo”, expresó Arias.

En una audiencia realizada en una ocasión anterior, el juzgado impuso a los dos defensores de la exministra Segovia una fianza real de G. 500 millones a cada uno.

La Fiscalía convocó a Segovia para prestar declaración indagatoria este viernes a las 09:00.

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