Juez y actuario incurrieron en falta grave, confirma auditoría

El juez de Paz de Mariano Roque Alonso, Carlos Darío Bogado, y el actuario Paulino Rodríguez incurrieron en faltas graves, en el caso de los embargos preventivos contra docentes demandados. Así concluye la auditoría ordenada por la Corte Suprema y que recomienda la instrucción de un sumario al magistrado y el secretario del juzgado.

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Los auditores señalaron que el juez y su actuario incumplieron disposiciones establecidas en la Acordada 709/11, por lo que incurrieron en faltas graves. En consecuencia, solicitan a la Corte que envíe los antecedentes a la Superintendencia de Justicia para la apertura de un sumario administrativo.

En cuanto a los abogados, Zully Ortiz y Dionisio Medina, que impulsaron los juicios, la auditoría refiere que los profesionales habrían tenido mala fe, por lo que sus conductas también violan disposiciones de la acordada referida más arriba. También se recomienda la instrucción de sumario a los letrados.

Ortiz y Medina, en sus demandas denunciaban dos o tres domicilios en los cuales supuestamente se les notificaba a los demandados. Sin embargo, los afectados nunca recibieron esas notificaciones y se quedaban sin defensa en juicio, en donde se les embargaba los sueldos por orden del juez Bogado Cuéllar.

El documento elevado al Consejo de Superintendencia de la Corte también dice que el actuario Rodríguez hacía el papel de ujier notificador, lo que estaba fuera de su competencia. La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional está a cargo de Mario Elizeche.

Investigación penal

Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma investigan una supuesta asociación criminal conformada por jueces de paz, actuarios, ujieres, abogados y dueños de empresas ficticias que estafaban a los docentes y lucraban con el dinero del ilícito.

Ya fueron imputados por las representantes del Ministerio Público, Juan Manuel Santacruz, titular de la empresa Soluciones Ágiles SA; los dueños de la empresa Marite SA, Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, la ujier notificadora del juzgado de Paz de La Encarnación Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Carlos Leite Jara y Ana González Ledesma. También está procesado el abogado Rolando Salinas por los hechos punibles de usura y estafa. Salinas sería parte de un estudio jurídico que estaría incluido en el esquema indagado por las fiscalas, quienes no descartan más imputaciones en la colosal estafa a docentes, mediante venta de electrodomésticos, inmuebles y préstamos.

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