Maniobran para blanquear quiebra de Cabrera a cargo del juez Delvalle

La abogada manifestó en su escrito que se pagó a todos los acreedores. El procedimiento adoptado violaría la ley de quiebras, que se ignoró en este caso.

La disposición legal establece que cuando una persona es declarada en quiebra, la administración de sus bienes queda a cargo del síndico, cuya función principal es liquidar los bienes de la quiebra para distribuir a los acreedores lo producido por las ventas.

Todos los pagos a los acreedores deben hacerse dentro del juicio de quiebras y a través de la Sindicatura, cualquier pago hecho fuera del juicio atenta contra la ley.

El procedimiento legal es que la Sindicatura venda los bienes del deudor en quiebra (a través de subasta pública, licitación o venta directa) y con el dinero de dichas ventas, en forma pública y en el expediente de la quiebra, presentar un proyecto de distribución provisional o final de pagos a los acreedores.

El hecho de que los pagos de los créditos del concurso de un particular, como el de Cabrera, se haya pagado con dinero de la firma San Agustín es totalmente irregular. Además, existen fuertes indicios de que el pago se habría realizado con dinero que el Indert entregó a San Agustín, por un inmueble de cinco mil hectáreas en Tobatí y Atyrá, que habría sido sobrefacturado en perjuicio del Estado.

La fiscala Victoria Acuña tiene a su cargo una investigación penal y debería indagar de dónde se sacaron los fondos para pagar a los acreedores de Cabrera, ya que en el juicio de quiebra no se vendió inmueble alguno.

El abogado Marcial Bordas, uno de los accionistas de la empresa y el senador Jorge Oviedo Matto, cuyo padre Lidio Oviedo es otro accionista, habían manifestado que la firma que negoció con el Indert nada tiene que ver con Cabrera. Sin embargo, ahora la misma es la que paga a los acreedores de la quiebra.

Llamativamente, los pagos de los créditos de una persona supuestamente extraña a la SA fueron aprobados por los accionistas, entre ellas Rosalía García y Fulvia Almada, cuyas acciones fueron reimpresas, en violación al Código Civil por el juez liberal Silvino Delvalle. Este es el mismo magistrado que no evitó que el Estado sea despojado de los G. 46.000 millones, que habrían servido para la “alianza” libero-oviedista para las elecciones generales del domingo pasado. El síndico de la quiebra de Cabrera, Raúl Silva (quien renunció) pidió que se pare el pago.

PAGO A LOS ACREEDORES

Según el informe, se pagó a Kheled Ahamad y Carlos Bonzi US$ 980.000; Raúl Codas Riera G. 430 millones; a Luis Gauto Tani y Carlos Figueredo G. 473 millones; a Raúl Andrada Nogués; a Perla Rodríguez Vda. de Cárdenas; Raúl Brewer US$ 321.000 y a Mario Person G. 1.858.670.121.

Sería importante que la fiscala Victoria Acuña solicite el expediente que maneja el juez Delvalle para saber si los pagos a los acreedores se hicieron antes o después de que el Indert haya desembolsado los G. 46.000 millones a la empresa San Agustín.

Existen fuertes sospechas de que con el dinero público se pagó a los acreedores para cerrar la quiebra de Carmelo Cabrera.