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21 de Agosto de 2018

| chicanas paralizaron causa de juan claudio gaona por 11 años y ahora prescribió

Mora judicial deja en el oparei proceso a un exfiscal por extorsión y coima

A 11 años de haber sido detenido tras una denuncia de coima, el exfiscal Juan Claudio Gaona logró que se archivara su causa por extorsión y cohecho pasivo. Nada de salida alternativa, procedimiento abreviado ni mucho menos juicio oral, solo el archivamiento de uno de los más escandalosos casos de corrupción que sacudieron la Fiscalía y que ahora pasa a integrar la galería de causas judiciales que terminaron en el bochornoso oparei.

La resolución que favoreció a Juan Claudio Gaona fue dictada por la jueza de garantías Rosarito Montanía, quien decretó la prescripción de la causa.

La magistrada tomó la determinación a petición del abogado Daniel Lobo y tras constatar que operó la prescripción, por el transcurso del doble del plazo (10 años) que corresponde a la pena por el hecho investigado.

Allanamiento

El 21 de mayo del 2007 los fiscales Arnaldo Giuzzio (actual titular de la Senad), René Fernández, Liliana Alcaraz y el fiscal adjunto Carlos Arregui allanaron un estudio jurídico ubicado en Hernandarias casi Humaitá, específicamente la oficina del excanciller Rubén Melgarejo Lanzoni.

El procedimiento se realizó a raíz de una denuncia contra ambos presentada por el ciudadano francés Frederich Houdard, propietario de las firmas Gigabytes y Virtual, entonces investigadas por el fiscal Gaona por las supuestas estafas que se cometían en perjuicio de personas a quienes se les ofrecían becas de informática e inglés.

Houdard denunció que ambos le pidieron US$ 50 mil para desestimar las denuncias en contra de sus empresas y en la fecha indicada se constituyó en el local para entregar parte del dinero.

Tras requisar G. 120 millones, los fiscales dispusieron el arresto domiciliario de Gaona y la detención de Melgarejo en Investigación de Delitos.

Chicanas mediante, Melgarejo Lanzoni y Gaona lograron paralizar la causa por años y a la fecha las consecuencias están a la vista.

El 4 de abril del 2012 fue la primera fecha fijada por la jueza Patricia González para la audiencia preliminar, pero esta diligencia nunca pudo realizarse a causa de las chicanas de la defensa y la excesiva demora de los operadores del sistema en resolver las cuestiones planteadas.

 
 

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