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De hecho, hasta ahora ese proceso por supuesto desvío de G. 1.110 millones por sobrefacturación de obras por reparación de comisarías sigue trabado.
Algo similar se hizo en la investigación de los “muertos firmantes” de la ANR proenmienda, pero es más alevoso porque la Sala Penal de la Corte pidió la carpeta fiscal original para resolver la recusación contra el fiscal Fabián Centurión, y no se puede nombrar un interino.