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El juicio que motivó la discordia forma parte del expediente caratulado “Arleck S.A. y otros c/ Juan Guillermo Talavera Gustale y otros s/indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”, tramitado ante el juzgado en lo civil y comercial 6º turno, a cargo del juez Hugo Morán, en secretaría 11 de Derlis Ríos Ruiz Díaz.
La demanda fue promovida por Theodore Stimson, abogado, en nombre y representación de la firma comercial Arleck S.A. y el Sr. José Antonio Benítez Balmori. La acción está dirigida contra los señores Juan Guillermo Talavera Gustale y Fernando Esteban Talavera Gustale.
“El 22 de junio del 2011, los hoy demandados han suscrito un memorándum de entendimiento por el cual los mismos se han comprometido a entregar los inmuebles individualizados como fincas 6492 y 7215 del distrito de la Recoleta a favor de la empresa ‘Arleck Realty Sociedad Anónima’”, dice el escrito de la demanda que cuenta con el patrocinio del abogado Alfredo E. Wagener.
La mencionada propiedad forma parte de un plan de inversión conocido como “Los Manantiales”, que proyectó la construcción de edificios para viviendas, oficinas, hoteles y playas de estacionamiento, entre otros, indica el escrito de la demanda.
“Seña” de 5.000.000 de dólares
El comprador, ahora demandante, acordó entregar la suma de 5 millones de dólares en concepto de “seña de trato” “mediante la transferencia bancaria del comprador en el banco BSI de Ginebra, Suiza, a la cuenta de los accionistas vendedores en los bancos Itaú y BBVA, respectivamente, vía Banco de Montevideo, Uruguay”, dice la demanda.
Indica que un peritaje fue utilizado para devaluar el inmueble y concretar la transferencia a un tercero por un precio menor a lo acordado. Ese documento pericial evidenció “una ventaja manifiestamente injustificada a favor de los vendedores”, sostiene el demandante al afirmar que esa “notable desproporción lesiva a mi mandante debe corregirse mediante un reajuste de precio” real de venta.
El caso había quedado a cargo del juez Hugo Morán, quien el 28 de junio último admitió el escrito de la demanda y notificó el hecho a los demandados.
Aquel día el magistrado también remitió un oficio del Servicio Nacional de Catastro solicitando informes sobre el inmueble que forma parte del pleito judicial en el fuero civil.
El juicio “no comenzó”
El incidente entre los jueces de alzada en lo civil y comercial saltó a la luz pública después de que el camarista Raúl Gómez Frutos recriminara, a través de una nota pegada en el ascensor y dirigida a sus colegas Eusebio Melgarejo Coronel y Carlos Escobar, por haber dado intervención en el caso a un abogado al que calificó de “sinvergüenza”.
En este caso el juicio “ni siquiera comenzó” porque lo que se discutió es si se admite la demanda como tal, explicó el camarista Melgarejo.
Como es un juicio de indemnización, en el que se deben pagar tasas judiciales al final del proceso, el debate se centró en este punto, indicó Melgarejo ante una consulta.