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Los dos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) imputados por lesión de confianza por el dictamen pericial que establecía la avaluación de G. 60.000 millones por las tierras de la firma San Agustín SA concurrirán al juzgado de Riquelme para la audiencia de imposición de medidas.
Se trata de Mario Echeverría y Víctor Luis Blanco. El primero debe presentarse a las 8:30, y para las 9:00 está convocado el segundo.
El juez Riquelme los convocó en mayo para la citada diligencia, que se pospuso en varias ocasiones porque los imputados recurrieron a varios recursos.
El abogado José Fernández Zacur, en representación de los peritos, planteó la nulidad del acta de imputación de la fiscala Victoria Acuña.
Fernández Zacur alegó que la agente de Delitos Económicos no especificó la conducta penal atribuida a sus defendidos, e hizo hincapié en que los dictámenes que emitieron sus defendidos no eran “vinculantes”, por lo que no se produce la lesión de confianza en grado de complicidad.
La imputación señala que el 4 de diciembre de 2012 los funcionarios del MOPC Roque Fleitas, Édgar Sotomayor y Luis Quesnel informaron que las propiedades ofrecidas al Indert tenían un valor de 30.424.264.730 guaraníes.
Sin embargo, el 19 de diciembre los peritos Echeverría y Blanco, del departamento de Avalúo oficial de la Dirección de Obras Públicas del MOPC, presentaron un informe en el cual dicen que las fincas 95104 y 183 tienen un valor de G. 60.294 millones.
Evaden audiencia
A través del abogado Álvaro Arias, Ortigoza y la escribana Roa recurrieron ante la Sala Constitucional de la Corte el rechazo del pedido de nulidad del acta de imputación, que había sido confirmado por la Cámara de Apelaciones.
El juez Riquelme citó para mañana la imposición de medidas para Ortigoza y para la escribana Roa, pero el acto no se realizará porque repusieron la convocatoria con la excusa de que existe una inconstitucionalidad en la Corte.
Tienen medidas Arnaldo Jara, administrador de la firma San Agustín; Milciades Duré y Justo Gamarra, de la Junta Asesora del Indert.
Antecedentes del fraude
- Luis Ortigoza cuando era titular del Indert autorizó el pago de G. 47.000 millones a la empresa San Agustín, firma vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, cuyo padre aparece como uno de los accionistas de la firma.
- El recibo de dinero, expedido a nombre del Indert por el contador de Unace y administrador del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Arnaldo Jara, tiene el número 01. Al pie se puede leer que se imprimió en una empresa de artes gráficas en marzo de 2013.
- Oviedo Matto fue quien llevó a Jara en el Jurado cuando el legislador era miembro del órgano enjuiciador de magistrados.