Piden reabrir el proceso a exministro Salyn Buzarquis

La fiscala Victoria Acuña se allanó al pedido de reapertura del proceso penal al exministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, por lesión de confianza. El secretario fue imputado por un presunto perjuicio de US$ 500.000 al MOPC y US$ 100.000 a Yacyretá.

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Acuña se allanó a la reapertura del proceso penal, que solicitó el MOPC, que agregó al expediente judicial un cúmulo de documentos, que estaban faltando y que motivaron el pedido de sobreseimiento provisional.

Se agregaron documentos tales como convenio de cooperación técnica, economía y financiera entre ANAS SPA y el MOPC y varios otros acuerdos.

Del pedido de Obras Públicas y los papeles arrimados, la magistrada Lici Sánchez corrió vista a Acuña, quien se allanó a la pretensión de Obras Públicas.

Los antecedentes revelan que el 10 de mayo de 2012 se celebró una carta de intención con la empresa italiana ANAS, con el propósito de estrechar lazos de cooperación entre el Estado italiano y el paraguayo, específicamente en el área vial y de infraestructura del país.

La fiscala Acuña había imputado al exministro por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, por la contratación directa e innecesaria de la empresa italiana para una consultoría internacional. Según la agente, se estima un perjuicio de US$ 500.000 al MOPC y US$ 100.000 a Yacyretá.

De acuerdo a la imputación fiscal, el exministro generó la obligación para el Estado paraguayo de US$ 500.000 y US$ 100.000 de Yacyretá, a través de una contratación directa, sin tener prevista la partida presupuestaria correspondiente, y, conforme al informe del Departamento de Viabilidad del MOPC, ya existían estudios de suelo del territorio del Chaco, al momento de celebrarse el acuerdo con la empresa ANAS.

Además, la investigadora afirma que Salyn Buzarquis suscribió el convenio internacional con una firma extranjera, a través del cual se generó una obligación de pago para el Estado paraguayo y la Entidad Binacional Yacyretá, “sin tener la representación para dicho efecto en razón a que el decreto del Poder Ejecutivo N° 9798, solo le autorizaba a viajar a la ciudad de Roma del 22 al 29 de setiembre de 2012”. Por esta circunstancia es que el Ministerio Público, además de lesión de confianza, incluyó el delito de usurpación de funciones públicas”. Acuña pidió 90 días para presentar requerimiento conclusivo.

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