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Este proceso se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados policiales en servicio activo, entre ellos, el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
Cáceres y López son los únicos que presentaron querella, pero la denuncia también fue realizada por Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, los suboficiales Fabián Ojeda, Rafael Sosa, Ricardo Báez, al suboficial Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo Ayala.
La acusación destaca que los uniformados fueron torturados en la Marina, bajo la supervisión de Bower.
El fiscal Fabián Centurión acusó a los uniformados Merardo Palacios, Osvaldo Vera y Basilio Pavón (este último fallecido posteriormente) el 11 de junio del 2001, y en agosto del mismo año acusó al exministro Walter Bower.
La primera convocatoria a audiencia preliminar en la que se debía resolver si los acusados serían o no juzgados en un juicio oral y público fue para el 28 de noviembre de 2001, pero la serie de chicanas promovida por las distintas defensas aplazaron la audiencia una y otra vez.
Recusaciones, reposiciones, nulidades y una serie de recursos han extendido por nada menos que trece años una diligencia que debió realizarse dentro de un plazo máximo de 20 días, contados a partir de la presentación de la acusación, según estipula el Código Procesal Penal en su artículo 352.
Ayala Brun es el sexto magistrado que interviene en esta causa. La competencia del magistrado fue dispuesta por la Cámara de Apelación, que hizo lugar a la impugnación presentada por el juez Hugo Sosa Pasmor contra la inhibición de Ayala Brun.
El 5 de mayo de 2008 la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad de la causa, por ser un hecho de lesa humanidad.
Pedido de medidas
El abogado Rolando Alum, representante legal del comisario Cáceres, adelantó que en la audiencia preliminar solicitará la imposición de medidas alternativas a la prisión para el exministro, debido a que este no cuenta con medidas que permitan asegurar su sometimiento al proceso. Esta situación se debe a que el anterior fiscal (Amílcar Ayala) en su momento se opuso a la imposición de medidas al exministro.
INFORME DE AUDITORÍA
En diciembre de 2012, la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo del abogado Mario Elizeche, presentó conclusión del examen realizado a la actuación de los abogados en el referido caso, habida cuenta de la excesiva dilación del proceso a causa de las chicanas de los defensores.
Elizeche hizo especial referencia al defensor de Osvaldo Vera, Hugo Ruiz Díaz, de quien dijo que “ha desvirtuado los instrumentos del derecho a la defensa utilizando medios legalmente establecidos para perseguir fines ajenos a su naturaleza”.