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El magistrado señalará hoy la nueva fecha de audiencia, ya que debe resolver el pedido de suspensión condicional para Gómez y de criterio de oportunidad para Brizuela, que realizó en su requerimiento fiscal Quiñónez.
De esta forma, el proceso penal que empezó como un supuesto tráfico de armas está a un paso de terminar con pena mínima de 2 años (sin pisar la cárcel), porque la Dirección del Material Bélico (Dimabel) allanó el camino al Ministerio Público.
La Dimabel había informado que solo cinco armas no estaban registradas en forma. Rosa Brizuela, por ejemplo, cayó con armas de guerra, escopetas, rifles, pistolas y municiones por valor de G. 1.000 millones, en una camioneta blindada. Además, portaba un arma de fuego automática.
Atilio Gómez también transportó las armas de fuego sin el permiso de la autoridad competente, en un lugar no adecuado para el efecto (camioneta particular).
El empresario debió inclusive estar acompañado por personal militar designado por la Dimabel, de acuerdo a la Ley 4036/10. Sin embargo, Quiñónez dice que solo incumplió la Ley 4036/10 de Armas de fuego y afines y su pena es de hasta 5 años de cárcel.