Preliminar por desvío de G. 68.000 millones en MAG será en diciembre

El 17 de diciembre acudirán los exministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy a la audiencia preliminar en la acusación por lesión de confianza y estafa por perjuicio de G. 68.000 millones.

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Además de Cardozo y Godoy, también fueron acusados por lesión de confianza y estafa por los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero y citados para la audiencia preliminar del 17 de diciembre, a las 8:30: Silvio Riveros Morínigo, Ignacio Acuña, Lidio Esteban Irala, Luis Guillermo Piccardo, Alcira Arzamendia, Maristela Azuaga, Javier Luna Pastore, Gustado Amarilla Fariña y Cecilia López Romero.

La diligencia se realizará ante el juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica.
Igualmente, la Fiscalía pidió juicio oral para Ceferino López Romero, Marcial Benítez, Rigoberto Rodríguez, Mario Riveros González, Ricardo Arias Arca, Eligio Centurión, Elva Tomasa Centurión de Riveros María Lourdes Meza Vielma, Alberto Riquelme y Marcela del Carmen Fleitas.

Sobreseimiento definitivo

Por otra parte, fueron citados para sustanciar la audiencia de sobreseimiento definitivo para el 4 de diciembre, a las 8:30: Pedro Ibáñez, Víctor José Ramírez, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Daniel Ferreira, Alice del Rosario Almirón López.

Suspensión condicional

Por otro lado, comparecerán el 11 de diciembre, a las 8:30, para la audiencia en que se impondrá la suspensión condicional del procedimiento para los imputados Heriberto Huerta Denis, Jorge da Costa Ovelar, Luis Eduardo López Rojas, Ronald Hernán Guerrero Ovelar, Gustavo Montiel Velilla, Tomás Antonio Rivas, José María Bareiro, Manuel Gaona Escobar.

El Ministerio Público señala que Cardozo y Godoy no solo autorizaron el desembolso de los G. 68.000 millones para la producción hortícola sin un estudio de mercado, sino que dispusieron del dinero pese a que no había proyecto alguno.

En otro proceso, Cardozo y Godoy fueron imputados por la fiscala Alba Delvalle por lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, apropiación y uso de documentos no auténticos, por un caso similar al anterior por un supuesto perjuicio de G. 3.700 millones. Esta causa es del juez Humberto Otazú.

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