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Quesnel compareció ayer ante la jueza penal de garantías Gricelda Caballero, quien le impuso medidas alternativas a la prisión preventiva.
El juzgado le impuso prohibición de salir del país, comparecencia mensual y fianza a su abogado Luis Rosetti.
El hecho punible de “abandono” por el que fue ampliada la imputación a Quesnel, según el numeral 1, tiene una expectativa de prisión de hasta 5 años de cárcel.
La lesión de confianza, por el que ya está igualmente procesado en esta causa, tiene una expectativa de cárcel de hasta 10 años.
A la audiencia también asistió la escribana Maribel Esteche Bareiro, imputada por complicidad de la lesión de confianza, pero para la misma no se realizó la diligencia porque su abogado Álvaro Arias recurrió, por segunda vez ante la Cámara de Apelaciones, la convocatoria de la audiencia de imposición de medidas que dispuso el juzgado.
Los antecedentes
La fiscala Alba Delvalle imputó por lesión de confianza a Quesnel, expresidente del Instituto del Indígena (Indi), a raíz de la supuesta venta ilegal de 25.000 hectáreas, propiedad de la entidad que administraba, en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, ocupadas por 19 familias de la parcialidad de los ayoreos.
Además de Quesnel, están procesadas la escribana Esteche Bareiro, la compradora Julia Beatriz Vargas Meza y Carmen Orlandini, asesora jurídica del ente.
En octubre de 2012, por Resolución N° 1501, Quesnel autorizó la venta del inmueble de 25.000 hectáreas, propiedad del Indi, a favor de Vargas Meza, quien adquirió la propiedad por G. 1.250 millones.
Vargas Meza ofreció devolver la propiedad para desligarse del proceso penal.
Según tasaciones, la propiedad vendida por el Indi tendría un valor de G. 13.000 millones. Se vendió por un precio menor por tener supuestamente litigios judiciales.
No solo se trata de la subvaloración del inmueble, sino que la Constitución Nacional prohíbe enajenar bienes destinados a comunidades indígenas.
Habría otro proceso penal
- Rubén Darío Quesnel también enfrenta una denuncia de un supuesto perjuicio de casi G. 3.000 millones en perjuicio del Instituto del Indígena (Indi). Este hecho fue denunciado el martes ante la Fiscalía de Delitos Económicos por su actual presidente, Jorge Aníbal Servín Segovia.
- Supuestamente fueron beneficiadas las comunidades Yakye Axa con un monto de G. 400 millones y Sawhoyamaxa (G. 2.500.000.000). Sin embargo, a la fecha la cuenta abierta por el Indi para la comunidad Sawhoyamaxa figura con saldo cero y otra, la de Yakye Axa, con solo G. 280. Estos fondos debieron ser depositados en el BNF, como parte de una condena contra el Estado paraguayo.